El Gobierno del Estado de Michoacán ha establecido un compromiso firme para respaldar a la comunidad indígena de Pómaro, asegurando su acceso a los recursos públicos a través del ejercicio de su derecho al autogobierno y al presupuesto directo. Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno, subrayó que esta administración, liderada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, actuará siempre dentro de los límites de la ley y proporcionará un seguimiento riguroso a todos los trámites necesarios para que esta comunidad pueda ejercer las competencias que le otorga la normativa vigente.
“Seremos respetuosos de la ley y acompañaremos a la comunidad de Pómaro en las gestiones que necesiten”, afirmó Zepeda Villaseñor, destacando que el objetivo es que los recursos lleguen de manera oportuna y en conformidad con la legislación establecida.
El fortalecimiento de los autogobiernos indígenas se ha convertido en una política fundamental para la actual administración estatal, basada en el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y en el respeto a sus estructuras organizativas. En este contexto, el secretario mencionó que una de las principales aspiraciones del gobernador Ramírez Bedolla ha sido consolidar el cuarto nivel de gobierno, lo cual incluye el reconocimiento formal de los autogobiernos indígenas y su derecho a gestionar presupuestos directos. Este modelo ha demostrado ser eficaz al fomentar la autonomía, garantizar la participación comunitaria y promover el desarrollo integral de las comunidades.
Zepeda Villaseñor también enfatizó la importancia de mantener una coordinación constante con las autoridades comunitarias y las instancias pertinentes, asegurando que el proceso se realice con certeza jurídica y transparencia. Este enfoque no solo busca garantizar la correcta distribución de recursos, sino también fortalecer la relación entre el gobierno estatal y las comunidades indígenas, en un marco de respeto y colaboración mutua.
La propuesta de acompañar a Pómaro en su gestión por los recursos públicos marca un avance significativo en la política de inclusión social y reconocimiento de derechos, apuntando hacia un futuro donde la voz y las necesidades de las comunidades indígenas sean prioridad en las decisiones gubernamentales. Este compromiso no solo representa un paso hacia la autonomía, sino también un modelo a seguir para otras comunidades en el estado y más allá.
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