En la Penitenciaria de Santa Martha Acatitla, ubicada en la Ciudad de México, los internos enfrentan una realidad particular y preocupante: el costo de pasar lista. Según declaraciones de un familiar de uno de los reclusos, realizar este sencillo trámite tiene un precio diario que asciende a quince pesos —cinco en la mañana, cinco en la tarde y cinco más por la noche. Este sistema, que parece un mecanismo de control, se convierte en una carga económica constante para los internos y sus familias.
El proceso de pasar lista no es solo una formalidad; incumplirlo puede tener repercusiones severas. Algunos internos informan que no cumplir con este procedimiento puede resultar en un “palazo”, una medida de castigo que acarrea consecuencias físicas y psicológicas. Esta situación refleja un panorama inquietante dentro del sistema penitenciario, donde los derechos de los internos y las condiciones de vida están constantemente bajo escrutinio.
Desde su implementación, este esquema de cobro ha suscitado preocupación sobre la ética y legalidad de tales prácticas en las cárceles. El hecho de que se cobre por procesos básicos como pasar lista plantea interrogantes sobre la transparencia y el trato hacia los internos. ¿Qué medidas se están tomando para garantizar que las condiciones de reclusión sean justas y humanas?
A medida que el debate sobre los derechos humanos en el sistema penitenciario continúa, muchos piden que se revisen y reformen estas prácticas. La situación en la Penitenciaria de Santa Martha es un recordatorio de las complejidades y desafíos que enfrenta el sistema de justicia en México, y subraya la necesidad de una vigilancia continua para asegurar que los derechos de todos los ciudadanos, incluidos los que se encuentran privados de libertad, sean respetados.
Es fundamental que la sociedad mantenga un enfoque crítico sobre estos asuntos, abogando por un trato digno y por la revalorización de los derechos humanos dentro del ámbito penitenciario. Recordemos que, aunque los internos hayan cometido delitos, eso no implica que deban ser sometidos a condiciones inhumanas ni a extorsiones que solo profundizan su sufrimiento.
Actualización hasta 2026-08-04 05:00:00.
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