Siete países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) han expresado su “profunda preocupación” por las recientes declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sobre la posible eliminación de elecciones en el país y propuestas de reformas que podrían vulnerar los derechos humanos.
La declaración fue firmada por Antigua y Barbuda, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, República Dominicana y Uruguay. En ella, se subraya que la democracia representativa exige un pluralismo político, elecciones multipartidistas genuinas y un pleno respeto a los derechos humanos.
Los firmantes destacaron que “unas elecciones sin una competencia política genuina no pueden constituir una expresión libre y democrática de la voluntad popular”, una afirmación que se alude directamente a los anuncios de Ortega y la Asamblea Nacional nicaragüense.
Este comunicado advierte que las acciones propuestas ponen en duda la existencia de un proceso electoral auténtico y menoscaban el ejercicio de los derechos políticos garantizados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los países instaron a las autoridades nicaragüenses a respetar sus obligaciones internacionales y a asegurar la participación ciudadana en condiciones de igualdad.
El pronunciamiento surge un día antes de que el Consejo Permanente de la OEA analice la situación en Nicaragua, donde el régimen sandinista abandonó formalmente la organización en 2023. Este contexto agrava la crisis política en el país, marcado por las controvertidas decisiones de Ortega.
Ortega, quien gobierna junto a su esposa, Rosario Murillo, afirmó en un mitin el 19 de julio que “no volverán a haber elecciones” en Nicaragua, declaraciones que provocaron el rechazo de varios países vecinos, como Costa Rica, Panamá y Guatemala, así como del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Ortega ha permanecido en el poder desde 2007, tiempo en el que ha enfrentado acusaciones de fraude electoral, persecución política y eliminación de rivales.
Exiliados nicaragüenses han solicitado a los miembros de la OEA que presionen al régimen para garantizar elecciones libres. La abogada constitucionalista exiliada Azahálea Solís enfatizó que este debate sobre la crisis nicaragüense es el primero desde 1978, lo que señala una oportunidad para colocar a Nicaragua nuevamente en la agenda regional.
Juan Diego Barberena, otro abogado en el exilio, advirtió que la OEA sola no puede frenar los intentos de Ortega por excluir a opositores del proceso electoral. Sin embargo, cualquier acción diplomática o económica de los Estados podría generar presiones suficientes para que el régimen detenga sus intentos de anular la voluntad popular.
La propuesta de reforma constitucional presentada por la Asamblea Legislativa busca, entre otros cambios, la ampliación del mandato de la copresidencia de seis a siete años y elevar a rango constitucional restricciones sobre la participación política de quienes el régimen considere “traidores”. Barberena sostiene que estas acciones son indicativas del temor del régimen a confrontar un proceso electoral, sugiriendo que se está gestando una “monarquía familiar absolutista”.
Este panorama complejo y crítico en Nicaragua sugiere que la lucha por la democracia y el respeto a los derechos humanos sigue siendo un desafío significativo en la región. Las próximas decisiones de la OEA y la respuesta de la comunidad internacional serán cruciales para el futuro político de Nicaragua.
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