Unión Europea castiga a defensores; México, a tiradores

La creciente guerra del gobierno de Estados Unidos contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha tomado un nuevo rumbo, desplazando su enfoque tradicional de lucha contra los líderes del cártel hacia la identificación de la red de protección institucional que los sostiene. El pasado 5 de agosto, el Departamento de Justicia de EE. UU. hizo públicas acusaciones penales contra cinco presuntos jefes del cártel, acompañadas de recompensas que superan los 100 millones de dólares. Días antes, el Departamento del Tesoro había impuesto sanciones a 55 individuos y entidades relacionadas con el CJNG, incluyendo a Juan Carlos Valencia, conocido como el Pelón, actual líder de la organización.

Sin embargo, la reciente declaración de la DEA sobre la identificación de funcionarios mexicanos que supuestamente ofrecen protección al cártel ha encendido alarmas. A pesar de la gravedad de estas acusaciones, hasta ahora no se han revelado nombres específicos ni se han presentado cargos formales. Este fenómeno no es aislado; el 29 de abril, el Departamento de Justicia solicitó la detención provisional con fines de extradición de Rubén Rocha Moya, gobernador morenista en Sinaloa, junto con nueve funcionarios adicionales, alegando vínculos con la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Tres meses después, México aún espera recibir pruebas concretas que respalden estos cargos.

Las acciones recientes de agencias estadounidenses han estado centradas en el lavado de dinero y el tráfico de fentanilo, así como en el combate al huachicol fiscal y las empresas fachada conectadas a organizaciones criminales. A pesar de las sanciones y los decomisos significativos, los procesos penales han sido limitados. Acusar a funcionarios de complicidad en la protección de un cártel demanda más que noticias de prensa; es necesario presentar pruebas contundentes ante los tribunales.

Otro aspecto preocupante es el potencial riesgo de erosionar la credibilidad de ambos gobiernos si esta cooperación bilateral se convierte en un intercambio perpetuo de acusaciones sin un respaldo judicial sólido. La realidad es que es ingenuo pensar que organizaciones que mueven miles de millones de dólares, controlan amplios territorios y operan durante décadas lo hacen sin algún grado de protección institucional.

Un cambio de estrategia notable es que EE. UU. ha empezado a designar a estas organizaciones criminales como terroristas, expandiendo su enfoque más allá de la simple persecución de cargamentos de drogas. Se investigan empresas, criptomonedas y redes de fraude electrónico, ofreciendo una perspectiva más amplia que la que ha caracterizado hasta ahora a las investigaciones en México.

La verdadera prueba del compromiso de EE. UU. llegará cuando se identifiquen a los funcionarios involucrados y, especialmente, cuando se presenten pruebas concluyentes en su contra. La situación es compleja y se requiere un enfoque coordinado y decidido para desmantelar el CJNG y otras organizaciones criminales que han demostrado ser resilientes y capaces de adaptarse a los desafíos impuestos por las autoridades.

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