¿Y la administración de información?

En un entorno donde la protección de datos y la soberanía digital son cada vez más cruciales, México ha comenzado a implementar protocolos más estrictos para la recolección de datos personales y biométricos. A nivel internacional, las dinámicas sobre quién controla estos datos y su almacenamiento han cobrado relevancia. Mientras que en Canadá la privacidad se ha convertido en un principio cuasi constitucional respaldado por décadas de legislación, en Estados Unidos, los datos son vistos principalmente como un activo comercial.

Las naciones de Norteamérica, bajo el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), aún se enfrentan a desafíos en la armonización de sus normativas. A pesar de que el capítulo 19 del T-MEC prohíbe explícitamente los requisitos de localización de datos entre los países, la implementación de esta medida ha sido ineficaz hasta ahora.

Desde 2018, México es parte del Convenio 108, un tratado que establece directrices sobre la protección de datos personales. Este acuerdo exige que los países miembros cuenten con una autoridad de supervisión independiente encargada de hacer cumplir estas normas. Aunque México había dado pasos hacia la adecuación de su regulación de protección de datos para facilitar las transferencias de datos con la Unión Europea, recientes reformas han desafiado este avance.

La reforma de 2025 a la Ley Federal de Protección de Datos introdujo cambios significativos, alineando en gran medida la legislación local con estándares internacionales. Sin embargo, la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), organismo responsable de la supervisión, ha generado un vacío que podría complicar las relaciones comerciales de México y su interoperabilidad con otras regulaciones, especialmente con la Unión Europea, donde la equivalencia en protección de datos es esencial.

Un aspecto crítico de esta reforma es la exigencia de que el consentimiento de los usuarios sea “libre, específico e informado”. Esta disposición prohíbe que las empresas reutilicen datos ya recolectados para otros fines sin obtener un nuevo consentimiento, lo que presenta un desafío, particularmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes) que carecen de recursos legales para adaptarse a estas exigencias. Las grandes corporaciones pueden ajustar sus prácticas, mientras que las pymes enfrentan el riesgo de ser excluidas de los mercados competitivos.

La ausencia de una autoridad de aplicación creíble también diluye el peso de los compromisos legales en el papel, afectando la percepción que tienen socios comerciales, inversionistas y la sociedad civil sobre seguridad y transparencia en la gestión de datos.

En otro ámbito, la gastronomía mexicana está a punto de recibir un impulso significativo con la inclusión de tres nuevas entidades en la Guía Michelin. Confirmado hasta el cierre del último reporte, los estados de Michoacán y Nayarit han sido aceptados en el proceso de evaluación, dándoles la oportunidad de competir por las codiciadas Estrellas Michelin. San Luis Potosí y Veracruz están en la fase final de valoración. Este desarrollo es impulsado por gestiones decididas de la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, quien ha jugado un papel clave en la promoción de la oferta gastronómica del país.

Dejando a un lado las disputas sobre la gobernanza de datos, México sigue buscando formas de diversificar su atractivo en un mundo globalizado, donde la seguridad y la calidad en todos los sectores serán determinantes para el futuro económico del país.

Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.