El 13 de agosto, Estados Unidos anunció la reanudación de sus operaciones de inspección de aguacate en Michoacán, tras una suspensión ocasionada por razones de seguridad el 5 de agosto. Esta suspensión estuvo ligada a un aumento de violencia tras la captura de Alfonso Fernández Magallón, líder del Cártel de Los Reyes, un grupo estrechamente relacionado con Cárteles Unidos, calificado como organización terrorista extranjera por EE.UU. en febrero de 2025. La captura generó la inquietud de los inspectores del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA), quienes recibieron amenazas que llevaron a la interrupción de las inspecciones.
Para que los inspectores regresaran, el gobierno federal de México tomó medidas extraordinarias, desplegando más de 1,500 soldados junto con elementos de la Guardia Nacional, y estableciendo nuevas medidas de seguridad en colaboración con la embajada estadounidense. Este no es un evento sin precedentes. En 2022, la actividad de los inspectores también se detuvo temporalmente tras amenazas a uno de ellos, y en junio de 2024 se suspendió nuevamente, después de que dos empleados del USDA fueran agredidos y retenidos en el estado. Estas tres suspensiones en un periodo de cuatro años subrayan la creciente preocupación por la seguridad y su impacto en el comercio.
La relevancia de este tema es significativa, considerando que México produce aproximadamente 2.7 millones de toneladas de aguacate al año, con expectativas de llegar a 2.8 millones para 2026. En 2025, las exportaciones de aguacates mexicanas estaban valoradas en cerca de 3,900 millones de dólares, de los cuales alrededor de 3,650 millones correspondían a importaciones de EE.UU., lo que representa más del 90% del valor exportado. En el contexto global, México aporta cerca del 40% del valor total de las exportaciones de aguacate.
Para Michoacán, el impacto es aún más pronunciado. El estado cuenta con aproximadamente 48,000 productores de aguacate, 94 empacadoras y genera más de 150,000 empleos directos e indirectos vinculados a esta agroindustria. Este sector representa cerca del 4% de la economía estatal y más del 40% de su PIB agropecuario. Otras estimaciones sugieren que la cadena agroindustrial del aguacate genera más de 200,000 empleos a nivel nacional.
La reciente suspensión, aunque corta, mostró que los supermercados estadounidenses no quedaron sin aguacates, gracias a inventarios y productos en tránsito. Sin embargo, la incapacidad de certificar nuevos embarques complicó las cadenas de suministro, generando costos e incertidumbre para productores, empacadores, transportistas y comerciantes. Este caso evidencia una vez más que la delincuencia organizada tiene un efecto nocivo en el comercio exterior de México, al extorsionar a productores y comerciantes.
La continuidad de las operaciones de inspección es crítica. Sin embargo, depender del despliegue militar tras cada crisis no puede ser la solución. Es imperativo establecer una acción permanente que proteja a los inspectores y a las rutas de producción, refuerce la seguridad en las zonas productoras y empacadoras, combata las redes de extorsión, y desarrolle protocolos con EE.UU. para responder a amenazas sin paralizar el comercio. Las tres suspensiones en cuatro años son una alarma que se debe atender con urgencia para evitar una cuarta interrupción que podría tener repercusiones devastadoras en un sector vital para la economía mexicana.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
