Incluso analizada con alguna buena fe (y hay que reconocer que mucha gente en este país todavía se la tiene al Gobierno), la consulta popular que se realizará el próximo 1 de agosto a escala federal resulta un ejercicio más bien inexplicable. Porque lo que se vendió como una medida para que “el pueblo” se manifestara en torno a la posibilidad de juzgar a varios expresidentes por los presuntos delitos que hubieran podido cometer durante sus mandatos, terminó en esperpento, entre dimes y diretes, y con la aparición estelar y confusa de la Suprema Corte (SCJN) en el escenario.
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Veamos: tras ser consultada por el Congreso, y bajo las presiones de la oposición, que juzgaba que la consulta era anticonstitucional, la SCJN optó por el camino más exótico posible. Avaló la legalidad del proceso, pero convirtió la pregunta que se responderá con un “sí” o un “no” en un galimatías, y un ejemplo notable de lo vacío que puede ser el lenguaje jurídico.
La pregunta en cuestión, que originalmente hablaba de manera directa del juicio a los exmandatarios (y aprovechaba para mencionar como su impulsor al actual presidente, que es el mayor fan de la autopromoción que recuerde nuestro medio político), quedó así: “¿Está usted de acuerdo en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
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¿Qué significa este pedazo de jerga? Que nos mandan preguntar si estamos de acuerdo con que se aplique la ley. Y no solo a los expresidentes, sino a los “actores políticos” todos. Cosa a la que la propia legislación obliga a las “autoridades correspondientes”, sin excusa ni pretexto. Es decir, que esto viene a ser como preguntarle a la gente: “¿Quieren que hagamos nuestra chamba?”.
Sin mencionar nombres, desde luego, no vaya a ser que alguien se moleste (y hay un detalle curioso, por cierto, en esa nómina finalmente omitida: aunque los destinatarios de la pregunta original eran los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña, hubo uno que sigue vivo y que la libró. A Luis Echeverría se le excluyó, pese a su supuesta participación en los episodios sangrientos de 1968, cuando era secretario de Gobernación, y de 1971, ya durante su periodo en el poder, por no hablar de su también presunta intervención en la llamada “guerra sucia”).
