En un esfuerzo conjunto para combatir la violencia y el crimen organizado, autoridades mexicanas han llevado a cabo una operación masiva que resultó en la detención de 20 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta operación se realizó entre el 21 y el 23 de agosto del 2026, en una serie de acciones coordinadas que abarcaron los estados de Jalisco, Michoacán y Hidalgo.
La intervención fue el resultado de una exhaustiva labor de inteligencia y preparación logística por parte de diversas instituciones, incluyendo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). A través de estas acciones, se llevaron a cabo operativos simultáneos en 36 inmuebles, lo que culminó en la captura de los individuos vinculados a esta peligrosa organización delictiva.
Los resultados de la operación no solo incluyeron la detención de estas personas; también se aseguraron valiosas pruebas y elementos, tales como 10 armas de fuego, cargadores y cartuchos de varios calibres, múltiples dosis de sustancias que podrían ser fentanilo, metanfetamina y marihuana, así como 113 vehículos, numerario, joyería, equipo de comunicación, un dron y un inhibidor de drones. Adicionalmente, se confiscó fauna silvestre y de granja, lo que resalta la diversidad de actividades ilícitas que podrían estar vinculadas a esta red operativa.
Las personas detenidas fueron transportadas en una aeronave de la Armada de México hacia la Ciudad de México, donde quedarán a disposición de la justicia. La Fiscalía General de la República se encargará de continuar con las investigaciones para determinar las condiciones jurídicas de los individuos.
Con estas 20 nuevas detenciones, se eleva a un total de 32 el número de capturas relacionadas con el CJNG en las últimas operaciones. No se trata únicamente de arrestar a los miembros de este cártel; el objetivo es desarticular por completo su estructura operativa, logística y financiera, así como reducir sus capacidades de acción en territorio nacional. Este esfuerzo busca, en última instancia, proteger a las familias mexicanas y mitigar el impacto de la violencia en la sociedad.
Las instituciones involucradas reafirman su compromiso de arduo trabajo en la lucha contra el crimen organizado, utilizando estrategias de inteligencia, investigación y presencia en el terreno, siempre con miras a mejorar la seguridad en el país y salvaguardar a la población.
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