A pocas horas de la entrega del Informe de Gobierno, la propaganda oficial se está preparando para desplegar una narrativa triunfalista que poco refleja la realidad del país. En las conferencias matutinas, la Presidenta suele desacreditar los datos macroeconómicos, mientras aboga por una bonanza que parece existir únicamente en el discurso político, en un intento de conectar con ciertos sectores de la población.
Es sorprendente que se pueda presentar el reciente informe del Módulo de Bienestar Autorreportado (BIARE) como un triunfo gubernamental. Muchos mexicanos informan sentirse satisfechos gracias a su resiliencia personal o a sus lazos familiares, no como un reconocimiento al régimen. Sin embargo, esos mismos ciudadanos felices también reportan que seis de cada diez consideran que su ciudad es peligrosa, un claro reflejo de la responsabilidad gubernamental.
Este contraste entre la retórica oficial y la realidad tiene un coste significativo para la economía. Mientras en Palacio Nacional se anuncian “otros datos”, indicadores del Inegi y del Banco de México muestran una situación económica poco alentadora. Después de ocho años bajo este proyecto político, el crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita revela un estancamiento preocupante. No solo hemos perdido una década de desarrollo, sino que las decisiones de la Cuarta Transformación han levantado barreras a futuras oportunidades de crecimiento, marcadas por la falta de infraestructura logística, energética y hídrica, así como el deterioro democrático y la inseguridad jurídica.
El elevado costo fiscal heredado de la administración anterior convierte este octavo informe en un evento crucial, que va más allá de la continuidad política. La década perdida incluye un desperdicio fiscal monumental, visible en proyectos como Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Estos gastos improductivos limitan la capacidad del actual gobierno para implementar su propio plan de infraestructura; el presupuesto se ha visto comprometido al pagar sobrecostos y subsidios, en vez de invertir en proyectos viables.
Para los actores económicos más relevantes—inversionistas, calificadoras y mercados financieros—la credibilidad del régimen ha disminuido notablemente. Las cifras y “otros datos” ya no convencen; este escenario paralelo presentado en las mañaneras genera mayores primas de riesgo, obstaculiza las inversiones y ha ocasionado lo que se observa en los mercados: una exigencia de rendimientos más altos por invertir en deuda.
El discurso político que se anticipa junto al segundo informe de Claudia Sheinbaum será familiar: la ratificación de un modelo supuestamente exitoso, que se aleja cada vez más de los datos oficiales, los cuales pierden rigor día a día. Los aplausos están garantizados, pero la veracidad de la información económica presentada quedará en entredicho.
Gobernar a base de adjetivos en conferencias matutinas no crea empleos de calidad, no produce infraestructura productiva ni combate la violencia. Ocho años después, la distancia entre el discurso y las cifras concretas ha dejado de ser una simple estrategia de propaganda, convirtiéndose en un retroceso económico estructural.
Un país que se comunica a través de micrófonos no fomenta las mesas de inversión ni abastece las despensas familiares; sin embargo, el costo de mantener esta ilusión durará mucho más que la actual década perdida.
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