En las últimas dos semanas. Las autoridades judiciales de Egipto han puesto en libertad alrededor de un centenar de personas que se encontraban detenidas por acusaciones de naturaleza política. Incluidas seis figuras destacadas críticas con el régimen. La decisión, inusual y adoptada el pasado sábado, ha sido recibida como la última muestra de la discrecionalidad de las autoridades. Aunque los activistas confían en que la decisión siente un precedente y se extienda a otros casos.
Los seis presos políticos liberados permanecían en prisión preventiva. Un régimen de detención muy extendido en Egipto y bajo el que las autoridades mantienen durante prolongados períodos a personas detenidas sin una causa formal. Según denuncian grupos de derechos humanos. Pese a su puesta en libertad sin fianza, las causas en su contra siguen abiertas y los cargos no se han retirado. Por lo que legalmente continúan pendientes de las investigaciones y podrían ir a juicio. Aunque a la práctica no suele ocurrir, señala Mohamed Lotfi, director de la Comisión Egipcia para los Derechos y Libertades.
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“Es una buena noticia ver a seis de ellos libres, pero en términos de números es una gota en el océano”, desliza Lotfi. El abogado considera que la decisión pone de relieve que “miles pueden ser liberados de la noche a la mañana” si existe la “voluntad política” de hacerlo, y demuestra que las acusaciones contra ellos son “frívolas e irracionales”.
Entre esos seis presos políticos liberados se encuentra la abogada de derechos humanos Mahienour El Masry. Que fue detenida en septiembre del 2019 durante la mayor campaña de arrestos de la que ha sido testigo Egipto. Bajo el mandato del presidente Abdelfatá Al Sisi. También la activista y periodista Esraa Abdelfatá, un rostro distinguido de la revolución de 2011, detenida un mes después que El Masry. A principios de este año ambas denunciaron haber sido objeto de malos tratos, abusos e intimidaciones.
El resto de este grupo de presos políticos puestos en libertad incluye a los periodistas Mostafa Al Asar y Moataz Wadnan. Que fueron detenidos en febrero del 2018 y han excedido en prisión preventiva el límite legal de dos años fijado por la ley para los casos más graves; el columnista Gamal Al Gammal, arrestado el pasado febrero, y Abdel Nasser Ismail, un líder del partido de la Alianza Popular Socialista, detenido durante más de un año y medio.
Las noticias de su liberación y las imágenes de todos ellos en la calle o en casa fueron recibidas en las redes sociales. Con alivio y un alud de celebraciones, pero también sirvieron para reiterar las demandas de extender la medida al resto de presos políticos del país. Y denunciar que el enfoque individual con el que las autoridades abordan estos casos ignora el carácter sistemático de la cuestión.
Por otro lado, el presidente del Partido de la Reforma y el Desarrollo, Mohamed Anwar El Sadat, que en los últimos meses se ha erigido como activo mediador con las autoridades para liberar a presos políticos, asegura a que, en las últimas dos semanas, otras 96 personas han sido puestas en libertad. En este caso se trata de jóvenes de diferentes gobernaciones. Medios egipcios han informado en los últimos días que las autoridades habrían ordenado liberar a unas 130 personas. Pero de momento solo 96 han salido de los centros de detención.
Además, el pasado día 20 la Autoridad Penitenciaria del Ministerio del Interior anunció la puesta en libertad de 2.075 reclusos, en aplicación de un perdón presidencial publicado cinco días antes en la gaceta oficial.
En el caso de estos últimos, Sadat asegura que su liberación se ha conseguido a través de las negociaciones que mantienen con la Fiscalía y la Seguridad del Estado, del Ministerio del Interior, un grupo que el propio Sada lidera y que está integrado por diputados, senadores y líderes de partidos, en contacto con la sociedad civil. El presidente del Partido de la Reforma y el Desarrollo explica que el órgano, el Grupo de Diálogo Internacional, presenta casos individuales para discutir su liberación. El grupo también trabaja para modificar la ley de prisión preventiva. Las prohibiciones de viajar para algunos ciudadanos, y la situación legal de los que vienen del extranjero.
