La amenaza constante de los sismos en México nos lleva a una reflexión continua sobre la resiliencia de nuestras comunidades. Los aniversarios de los temblores de 1985 y 2017 son recordatorios poderosos de la importancia de evaluar el riesgo sísmico y de desarrollar estrategias efectivas para mitigar sus efectos. La reciente experiencia de otros países en la región, como Venezuela y Colombia, enfatiza aún más la necesidad urgente de acciones preventivas.
La resiliencia se define como la capacidad de una comunidad para adaptarse y recuperarse ante choques. Peter Timmerman introdujo este concepto en relación con desastres climáticos en 1981, y desde entonces ha evolucionado para incluir aspectos técnicos y sociales. Michael Bruneau amplió esta idea al incorporar criterios de diseño que buscan no solo resistir, sino también recuperar funcionalidad después de un evento sísmico.
Sin embargo, entender la resiliencia solo desde un enfoque técnico es sumar un desafío social, económico y político. Esto significa integrar mejores tecnologías y regulaciones, así como fomentar una participación activa de la sociedad en la formulación de políticas. La calidad de las estructuras, la disponibilidad de recursos y la equidad en la aplicación de normativas son cruciales.
Los sismos, especialmente el devastador evento de 1985, han expuesto las deficiencias en las normas de construcción. Aprender de estos desastres implica establecer procedimientos para evaluar la habitabilidad de los edificios después de un temblor. La interacción entre normas de construcción y sus implementaciones es fundamental; edificaciones diseñadas bajo estándares rigurosos tienden a comportarse mejor, aunque aún presentan daños inaceptables.
Es imperativo reconocer que los efectos de un sismo no son iguales para todos. Aquellos que viven en condiciones de alta vulnerabilidad, frecuentemente en pobreza, son los más afectados. El fenómeno no crea desigualdad, simplemente la revela y agrava. En la Ciudad de México, más de la mitad de la vivienda se construye sin la participación de ingenieros, lo que aumenta la vulnerabilidad de estas estructuras. Esto es un indicativo claro de que las políticas deben enfocarse en brindar acceso a la ingeniería y a la normativa a quienes más lo requieren.
Además, se debe abordar la vulnerabilidad inherente a las dinámicas económicas y al desarrollo urbano. La creación e instante de estructuras sin contemplar su futuro puede representar un grave costo ambiental y social que no se visualiza en la etapa de construcción. Es vital gestionar un ciclo de vida completo que contemple no solo la construcción, sino también el reaprovechamiento o rehabilitación de infraestructuras.
Un aspecto muchas veces ignorado es la participación social en la planeación de la resiliencia. Durante demasiado tiempo, la ingeniería ha funcionado desde un enfoque unilateral. Es esencial involucrar a la comunidad en las fases de diseño y construcción, escuchando sus realidades y perspectivas para desarrollar normativas que reflejen verdaderamente cómo se habitan y construyen nuestras ciudades.
Para lograr un futuro más resiliente, se proponen tres herramientas clave. Primero, la normativa debe ser integral, fusionando aspectos estructurales, ambientales y sociales. Las leyes de construcción deben evolucionar a la par del conocimiento y la percepción del riesgo. Un reglamento que solo se actualiza tras un desastre es un esfuerzo tardío.
En segundo lugar, la educación y capacitación son esenciales tanto para diseñadores como para la ciudadanía. Construir conciencia y comprensión sobre el riesgo sísmico empodera a las comunidades para demandar más y participar en su propia protección.
Por último, es crucial establecer mecanismos de financiamiento que promuevan la inversión en prevención. A través de microcréditos y garantías para el reforzamiento de estructuras, se puede abordar la vulnerabilidad financiera que afecta particularmente a los hogares más desfavorecidos.
La ingeniería civil enfrenta un desafío sin precedentes en el siglo XXI: no solo se trata de crear estructuras resilientes, sino de construir ciudades justas y equitativas que luchan contra la desigualdad. En última instancia, es la acción colectiva y la respuesta a estos desafíos lo que podrá garantizar que la resiliencia no siga siendo un privilegio, sino un derecho para todas las personas.
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