En las últimas dos décadas, la relación entre el Estado y el sector de insumos para la salud en México ha estado marcada por un distanciamiento que ha socavado la eficacia de las políticas públicas. A menudo, las leyes se han formulado sin considerar las realidades operativas del sector, alimentando una dinámica de confrontación asimétrica: mientras los legisladores imponen normativas, la industria reacciona tratando de minimizar riesgos y aprovechar oportunidades. Esta desconexión ha tenido un costo significativo que ha recaído, en última instancia, en los usuarios del sistema de salud.
Recientemente, un evento trascendental tuvo lugar en la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN). En esta reunión se unieron la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, representantes de la industria farmacéutica (CANIFARMA) y diversos actores del sector industrial. Este encuentro no fue un mero trámite institucional, sino un reflejo de una maduración necesaria en la forma de abordar la salud pública en el país. La propuesta de una Declaratoria Conjunta “Hacia una Política Industrial Farmacéutica en el marco del Plan México” subraya un nuevo entendimiento: la salud no es simplemente un gasto forzoso, sino un impulsor crítico del desarrollo geoeconómico que exige un pacto entre diversas partes.
Dos elementos clave marcan la agenda económica de México: la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la implementación del Plan México. Desde la óptica internacional, el sector mexicano de dispositivos médicos y farmacéuticos está pasando por un exhaustivo análisis conforme a los criterios del T-MEC. La pandemia de COVID-19 reveló a nuestros socios comerciales en Norteamérica la vulnerabilidad de depender de ingredientes farmacéuticos activos (APIs) procedentes de Asia. Esta reunión entre el sector legislativo y la industria envía una señal poderosa acerca del interés de México en construir una soberanía sanitaria que, además, sea atractiva para la inversión productiva a través del nearshoring.
El diagnóstico técnico derivado de la reunión plantea tres pilares. El primero, la Soberanía Sanitaria, aboga por la creación de incentivos fiscales concretos; no es suficiente con solicitar a la industria que produzca localmente, sino que se necesitan condiciones competitivas favorables. El segundo pilar se centra en la logística y distribución. La disposición del sector privado para colaborar con la capacidad instalada en redes de cadena de frío es un paso significativo que pone fin a la antigua dicotomía entre lo público y lo privado. El Estado debe liderar el abastecimiento, pero puede beneficiarse de la eficiencia del sector privado en la última milla, evitando pérdidas económicas y asegurando la atención oportuna para los usuarios del sistema de salud.
Por último, el tercer pilar destaca la necesidad de agilidad regulatoria. La transición hacia la Salud Digital y la Medicina de Precisión exige que la legislación avance al mismo ritmo que la tecnología, lo que es fundamental para fomentar la investigación clínica en el país.
El establecimiento de una Mesa de Trabajo Permanente es crucial. Este organismo no solo señala la voluntad de colaboración entre los sectores, sino que promete que las normativas que afecten la cadena de valor se basarán en evidencia técnica y viabilidad financiera antes de ser votadas.
Las acciones a seguir son claras. La Cámara de Diputados debe incluir en esta mesa a las Secretarías de Salud y de Economía; sin su participación, cualquier reforma podría caer en la ineficacia. Además, el sector industrial debe comprometerse a un trabajo colaborativo, compartiendo datos y modelos que demuestren cómo las inversiones en insumos para la salud pueden aliviar la carga financiera del Estado.
La convergencia de partes que históricamente han tenido posiciones discordantes representa un avance significativo en la política pública. Si este esfuerzo se articula sobre bases técnicamente sólidas y evita caer en la polarización política, México no solo fortalecerá su postura en la revisión del T-MEC, sino que establecerá un modelo industrial sanitario robusto que beneficiará tanto a su sistema de salud como a su economía.
El diálogo, sustentado en intereses comunes, abre nuevas oportunidades para todos. Al final, la colaboración provee más beneficios que las confrontaciones, sentando las bases para un futuro más cohesionado y eficiente en el ámbito de la salud.
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