Equidad sin normas

La reciente reforma judicial en México ha tenido consecuencias profundas y preocupantes en el sistema legal del país, abolido en gran medida lo que se había creado durante la transición democrática a partir de 1994. Con la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, el frágil cimiento sobre el cual descansaba la justicia mexicana ha quedado arrasado, generando un vacío legal que aún resulta difícil de llenar.

En este nuevo panorama, tanto empresas como individuos se han visto obligados a buscar alternativas paralelas para resolver sus conflictos. La falta de competencia y la ignorancia que predomina entre muchos impartidores de justicia han llevado a una dependencia alarmante de intereses políticos de diversa índole, debilitando aún más la estructura del poder judicial. En consecuencia, se han empezado a establecer acuerdos privados entre partes al momento de firmar contratos o constituir asociaciones civiles, reflejando una desconfianza generalizada en la capacidad de las autoridades judiciales para impartir justicia efectiva.

Este fenómeno crea lo que podríamos describir como un “mercado paralelo de justicia”. A pesar de su enfoque en el ámbito civil, implica un serio deterioro de la confianza pública en las resoluciones de las instancias legales. Si extrapolamos esta situación al ámbito penal y a los conflictos entre el gobierno y las empresas —tanto nacionales como extranjeras—, la situación se torna aún más grave.

Desde la llegada de la administración de 2018, el control absoluto ejercido por el régimen ha llevado al desmantelamiento del sistema jurídico nacional, anulando así cualquier atractivo para posibles inversiones a mediano y largo plazo. La falta de garantías legales representativas de un Estado de Derecho seguro impiden que se desarrolle un entorno propicio para el crecimiento económico.

Por otro lado, aunque la reinversión de utilidades empresariales puede ser vista como un indicio positivo, es importante notar que esta necesidad responde más a la supervivencia de los negocios que a una confianza renovada en el sistema. El hecho de que las empresas no puedan deshacerse de recursos inservibles fácilmente contribuye a la percepción de un callejón sin salida en el entorno legal y económico.

La resistencia al cambio y la consolidación de un nuevo sistema de justicia, basado en órdenes dictadas desde el Ejecutivo, se han visto alimentadas por un grupo de juzgadores que comparten una falta de experiencia. Este fenómeno solo acentúa la percepción de corrupción y la oportunidad de enriquecerse a costa de su posición.

A largo plazo, este escenario restringe el crecimiento económico, un factor crucial para crear empleos y abordar de manera efectiva la pobreza. Aunque algunos sostienen que el crecimiento y el cuidado del medio ambiente son conceptos opuestos, es fundamental reconocer que la innovación tecnológica puede facilitar un crecimiento sostenible que también contribuya a la recuperación de un entorno dañando por un modelo energético anticuado.

La realidad sigue siendo clara: sin un Estado de Derecho sólido y funcional, no existe salida posible para México. La restauración de la confianza en el sistema judicial no solo es esencial para el desarrollo económico, sino que se erige como un pilar fundamental para la cohesión y estabilidad social en el país.

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