Las autoridades talibanas en Afganistán han intensificado la represión contra las mujeres y niñas, confirmando recientemente la detención de varias de ellas en Kabul y en la provincia de Herat. Según el portavoz del Ministerio para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, Saifuddin Khaibar, la omisión del hiyab, considerado un deber religioso, se ha calificado como un “delito muy grave”. Esta declaración resalta el enfoque estricto del régimen sobre la vestimenta femenina desde su regreso al poder en 2021.
La detención de un número aún no especificado de mujeres generó inquietud entre los residentes, quienes reportaron que ocho mujeres fueron arrestadas en el municipio de Jebrael, en Herat. Estas mujeres pasaron la noche bajo custodia y fueron liberadas al comprometerse a cumplir con el código de vestimenta y pagar una fianza, una práctica documentada por diversas organizaciones de derechos humanos.
Este tipo de arrestos no es aislado. En enero de 2024, el mismo ministerio ya había reportado detenciones similares por infringir el código del “mal hiyab”. La misión de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) ha expresado su preocupación por estos incidentes, que afectan el clima social y erosionan la confianza pública en las autoridades.
El marco legal que sustenta estas acciones se originó en mayo de 2022, cuando el gobierno talibán emitió un decreto que obliga a las mujeres a cubrirse el rostro en público y sugiere el uso del burka. Esta medida revive normas de su anterior gobierno entre 1996 y 2001 y ha sido reforzada por la Ley para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, que otorgó amplias facultades a la vigilancia de la vestimenta, movimientos y expresiones de las mujeres en espacios públicos.
Desde su retorno al poder en agosto de 2021, tras la retirada de las fuerzas estadounidenses, el régimen talibán ha ido excluyendo a las mujeres de diversas esferas de la vida pública. Actualmente, las niñas están prohibidas de acceder a la educación secundaria y universitaria, y las mujeres carecen de la mayoría de los empleos públicos. Un informe de UNAMA del periodo abril-junio de 2026 documentó al menos 389 detenciones arbitrarias y 65 casos de maltrato por parte de los agentes encargados de la Promoción de la Virtud.
La gravedad de esta situación ha llevado a una treintena de expertos de las Naciones Unidas a solicitar que se tipifique el “apartheid de género” como un crimen de lesa humanidad. En un comunicado conjunto, los expertos advirtieron que “toda una generación” de afganas ha crecido sin acceso a la educación secundaria y pidieron que la normalización de relaciones diplomáticas con el régimen talibán no ocurra sin un progreso significativo en derechos humanos.
A pesar de estas advertencias, varios países han reanudado vínculos diplomáticos con Kabúl en los últimos meses, mientras que persisten los llamados internacionales para incluir a organizaciones de mujeres en las negociaciones sobre el futuro político del país. Sin embargo, el régimen talibán ha rechazado consistentemente estos llamados.
Este es un reflejo de un contexto en el que los derechos humanos de las mujeres afganas siguen siendo severamente vulnerados, y se hace evidente que la lucha por la igualdad y la dignidad continúa en una sociedad marcada por el miedo y la represión.
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