A menudo, la narrativa sobre la migración mexicana hacia Estados Unidos se reduce a una simple dicotomía: un país de origen que busca expulsar a su población desempleada y un país de acogida que intenta contener la llegada de estos migrantes. Sin embargo, la historia de la década de 1970 revela una complejidad más profunda y trágica. Durante este período, México intentó implementar una solución económica bilateral con el objetivo de retener a su población, solo para enfrentarse a la indiferencia de Estados Unidos y a un repliegue hacia políticas unilaterales.
La migración que México abordó en esos años era, en gran medida, consecuencia de las políticas estadounidenses. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos solicitó mano de obra mexicana para trabajos agrícolas y ferroviarios, lo que llevó a la creación del Programa Bracero en 1942. Este programa, no exento de críticas, ofreció ciertas garantías como salarios adecuados y protección ante la discriminación. Sin embargo, a medida que se prolongaba la guerra, Estados Unidos se volvió dependiente de esta mano de obra temporal, a pesar del deseo de México de poner fin al programa tras el conflicto.
A principios de la década de 1960, la oposición al Programa Bracero creció en Estados Unidos. Trabajadores agrícolas y organizaciones progresistas argumentaban que esta política socavaba los derechos de los trabajadores estadounidenses. Un trágico accidente en 1963, en el que murieron 32 braceros, expuso las precarias condiciones de trabajo y la deshumanización de estos migrantes.
La situación tomó un giro decisivo en 1964, cuando el Congreso norteamericano cerró el Programa Bracero sin consultar a México ni establecer un plan de transición. Esto no detuvo la migración; simplemente la reclasificó como “ilegal”. Los trabajadores mexicanos sin estatus legal perdieron sus derechos y, al ser invisibles en el sistema, se convirtieron en objeto de abuso tanto por parte de empresarios como de autoridades migratorias.
Mientras tanto, las ciudades fronterizas de México enfrentaban un creciente número de deportaciones y migrantes atrapados en un ciclo de desempleo. Fue entonces cuando el gobierno mexicano comenzó a articular una nueva doctrina: “Exportar productos, no brazos”. Esta propuesta buscaba que Estados Unidos se convirtiera en socio en la gestión de la migración, sugiriendo que la reducción de aranceles sobre productos mexicanos podría estimular la economía y generar empleo en México, evitando así la necesidad de emigrar.
En 1972, durante una cumbre entre el presidente mexicano Luis Echeverría y el presidente estadounidense Richard Nixon, se discutió la situación laboral y migratoria, pero ambos líderes decidieron abordar el problema de manera independiente. La Comisión Intersecretarial de México propuso iniciativas específicas basadas en los estudios de deportados, enfocándose en zonas con alta migración. Sin embargo, las conclusiones presentadas a Gerald Ford en 1976 fueron rechazadas, ya que su administración optó por medidas punitivas.
La llegada de José López Portillo a la presidencia en 1976 no mejoró la situación. Las ciudades del norte de México lidian cada vez más con deportados y migrantes frustrados. Los abusos contra los derechos de los migrantes continuaban, evidenciando una violencia sistemática en la frontera. López Portillo inicialmente insistió en un trato justo para los migrantes y en campañas contra el tráfico de personas, pero tuvo que ampliar su enfoque debido a la gravedad de la crisis.
Bajo su mandato, también se buscó una reducción arancelaria más amplia para estimular la economía mexicana. A pesar de un acuerdo modesto firmado con Jimmy Carter en 1977, que introdujo reducciones limitadas de aranceles, López Portillo no logró el cambio estructural que deseaba.
El descubrimiento de reservas significativas de petróleo en México a finales de la década de 1970 le brindó a López Portillo un poder de negociación renovado. Propuso un acuerdo que ofrecía petróleo a Estados Unidos a cambio de concesiones arancelarias, pero el gobierno norteamericano, dividido en su respuesta, finalmente rechazó la propuesta. México, ante el creciente endeudamiento y la devaluación de su moneda, terminó vendiendo petróleo a Estados Unidos sin conseguir una solución a la migración.
Así, la visión cooperativa de México chocó contra la reluctancia estadounidense a abordar la migración como un fenómeno económico. En su lugar, se implementaron políticas de control que perpetuaron una visión de la migración como un problema de seguridad, relegando a los migrantes a la condición de fugitivos en lugar de reconocer sus aspiraciones económicas.
Hoy, los ecos de este bilateralismo fallido se sienten aún fuertemente, las lecciones del pasado siguen siendo relevantes en el contexto actual. La falta de cooperación y el enfoque unidimensional hacia la migración subrayan la necesidad de un diálogo más profundo y de políticas que reconozcan la interconexión entre ambas naciones.
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