El reciente interés de las autoridades estadounidenses en figuras cercanas a Morena ha encendido el debate sobre la relación de la política mexicana con el narcotráfico. Este martes, el New York Times reveló que dos agencias de los Estados Unidos están examinando acusaciones que sugieren vínculos de Andrés Manuel López Obrador Beltrán, conocido como AMLOB, con el crimen organizado y el contrabando de combustibles. Aunque no existe una investigación formal en su contra ni ha sido acusado de ningún delito, la noticia plantea interrogantes sobre la respuesta de las instituciones mexicanas.
Ese mismo día, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro impuso sanciones a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, además de otras 20 personas y 25 empresas vinculadas al cártel dirigido por el narcotraficante conocido como Mayito Flaco. En este caso, la OFAC lo acusó de usar su influencia política para facilitar actividades del cártel y protegerlo de acciones gubernamentales.
Si bien ambos casos son diferentes, la manera en que se manejan las sanciones y las investigaciones plantea un reto para las autoridades mexicanas. En el caso de Torres, una sanción administrativa no implica necesariamente una condena penal, pero también refleja una creciente presión sobre el sistema judicial mexicano y su capacidad para actuar. No obstante, tras las sanciones, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de los involucrados y anunció una investigación sobre sus operaciones.
Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) no cuenta con elementos suficientes para investigar a AMLOB, aunque su nombre apareció en documentos relacionados con investigaciones sobre huachicol. Una simple mención, sin más pruebas, no es suficiente para demostrar la comisión de un delito.
El New York Times subraya otra preocupación relevante: las acusaciones realizadas por el fiscal federal de Nueva York contra diez funcionarios y exfuncionarios, entre los que se encuentran Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, y Enrique Inzunza, exsenador de Morena. A pesar de que la FGR ha abierto investigaciones, hasta ahora no se ha presentado ningún cargo formal.
Así, surge una pregunta crucial: ¿Qué saben realmente las autoridades mexicanas sobre estas conexiones? Es vital que la FGR y la UIF explican si ya poseían información relevante antes de la imposición de sanciones por parte de la OFAC. ¿Tenían reportes sobre los actos de Torres y sus empresas? ¿Qué saben de las revisiones en curso por parte de agencias estadounidenses sobre AMLOB? Si tienen información, ¿por qué no han procedido?
Defender la soberanía de un país significa más que simplemente rechazar la influencia externa; aboga por la construcción de instituciones fuertes que puedan investigar y actuar de manera independiente. No se trata de validar incondicionalmente las acusaciones provenientes de América del Norte, pero sí de entender la magnitud y el alcance de la información disponible. Solo a través de una investigación rigurosa se puede abordar esta problemática de forma eficaz, y México necesita respuestas claras sobre lo que realmente ocurre en las sombras de su política.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
