Septiembre y el desgaste de la economía

La última semana de septiembre de 2026 dejó huellas evidentes sobre la dirección del modelo institucional en México, planteando interrogantes sobre la seguridad de las inversiones en el país. Los eventos recientes han exacerbado la incertidumbre, en especial con la agresiva manifestación que tuvo lugar en Los Pinos, donde activistas vandalizaron la estatua del expresidente Felipe Calderón. Este incidente no solo fue simbólico, sino que también puso de relieve la vulnerabilidad de las instituciones, al mostrar que un espacio federal en la Ciudad de México puede ser atacado sin la intervención de la fuerza pública, siempre que el objetivo se relacione con figuras del pasado neoliberal. Este tipo de actos vandálicos sugiere un permiso implícito para ejercer violencia selectiva, enviando un mensaje alarmante a la sociedad.

La protesta en sí tiene raíces históricas, viniendo de las decisiones tomadas bajo el gobierno de Calderón, particularmente la extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009, una medida que resultó en una mejora significativa de las finanzas públicas del país. Esta compañía, con pérdidas operativas superiores al 30% que requerían transferencias federales exorbitantes, fue absorbida con éxito por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que ayudó a estabilizar el sector y a rescatar a trabajadores eficientes.

Sin embargo, en un giro inquietante, el Congreso aprobó la intervención de las Fuerzas Armadas en la evaluación de la Inversión Extranjera Directa, lo que plantea serias dudas. La militarización de este proceso introduce elementos que pueden afectar no solo la confianza de los inversores, sino también el costo de oportunidad de decidir invertir en el país, aumentando la prima de riesgo asociado.

Este clima de incertidumbre se extiende al ámbito digital gracias a propuestas como la “Ley Antimemes”, que busca regular la conversación en redes sociales y medios, restringiendo la libertad de expresión bajo conceptos ambiguos como el “daño a la imagen”. Esta legislación no solo podría limitar el uso de la parodia y la inteligencia artificial, sino que también actúa como un aviso a los actores políticos sobre las consecuencias de criticar al gobierno, afectando aún más el respeto por las libertades individuales y la certidumbre democrática.

El balance de esta inestabilidad política y social se traduce en señales de alerta para los potenciales inversores. Cuando la violencia política es tolerada selectivamente y las decisiones de inversión son vulnerables a un arbitraje militar, el ambiente se torna complicado. A esta crisis se suma la erosión de organismos autónomos, la parcialidad de las autoridades electorales y la centralización del control sobre el Poder Judicial, factores que hacen que México se vuelva un destino cada vez menos atractivo para la inversión.

La situación actual exige reflexionar sobre las implicaciones de estas acciones y decisiones, no solo sobre la preservación de la democracia y las libertades, sino también sobre el futuro del desarrollo económico del país. Sin duda, el contexto que rodea a México está cambiando rápidamente y la necesidad de un enfoque claro y consistente para restaurar la confianza en sus instituciones nunca ha sido tan urgente.

Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.