El Gobierno de la República Dominicana ha tomado la notable decisión de cerrar su Embajada en Nicaragua, medida que permanecerá vigente mientras persista la falta de libertades y la concentración de poder en manos de los codirigentes nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esta decisión fue anunciada por el ministro de Exteriores dominicano, Víctor “Ito” Bisonó, quien ha subrayado que no reabrirán su legación en Managua “hasta tanto persistan las condiciones” que afectan el ejercicio de las libertades y los principios democráticos.
El anuncio fue realizado en el contexto de una reunión de ministros de Exteriores de la Organización de Estados Americanos (OEA). Bisonó justificó la acción afirmando la importancia de defender los valores democráticos y las libertades individuales, recordando que muchos países en la región han sufrido períodos de dictadura y autoritarismo a lo largo de su historia. Este gesto busca posicionar a la República Dominicana como un defensor activo de la democracia en el continente americano.
La decisión del Gobierno dominicano se produce poco después de que Nicaragua anunciara el cierre de su Embajada en Santo Domingo, lo que evidencia el deterioro de las relaciones entre ambos países. El conflicto escaló a raíz de la suspensión de elecciones en Nicaragua, una acción que el mandatario Ortega ya había anunciado a mediados de julio, aclarando que no se celebrarían más elecciones. Ortega, en una postura cada vez más autoritaria, ha acusado a la oposición de enriquecerse a expensas del sector público y ha manifestado su intención de implementar legislaciones que fortalezcan su permanencia en el poder.
Mientras tanto, la OEA ha expresado su “profunda preocupación” por la situación en Nicaragua, denunciando el desmantelamiento de la democracia y la represión sistemática que han caracterizado la gestión del actual Gobierno. La organización internacional ha instado a las autoridades nicaragüenses a tomar “medidas inmediatas, concretas y verificables” para revertir el clima de abusos que prevalece en el país. Este llamado incluye el restablecimiento de los derechos de expresión, asociación y reunión pacífica, así como la liberación de todos los prisioneros políticos y la garantía de condiciones para unas elecciones “libres, justas e inclusivas”.
Con estos acontecimientos, la situación en Nicaragua continúa siendo motivo de gran preocupación regional, subrayando la necesidad de una vigilancia constante sobre el ejercicio de las libertades y derechos humanos en América Latina.
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