Entre 2017 y septiembre de 2026, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC) de la Ciudad de México ha emitido dictámenes de seguridad estructural para un total de 6,539 inmuebles. Esta cifra revela una situación preocupante en la capital, donde 221 edificios fueron clasificados con un alto riesgo de colapso. La distribución de estos inmuebles en categorías de riesgo muestra que hay 927 con alto riesgo, 2,809 en riesgo medio y 2,582 catalogados como de bajo riesgo.
Un análisis territorial destaca a las alcaldías de Iztapalapa, Cuauhtémoc y Tláhuac, que concentran un considerable número de edificaciones en situación de riesgo. Iztapalapa lidera la lista con 1,218 casos en total, que incluyen aquellos en riesgo alto, medio y bajo. Cuauhtémoc, por su parte, es notable por tener la mayor cantidad de edificaciones clasificadas con alto riesgo de colapso, sumando 66 edificios, además de variados reportes en otras categorías.
Las solicitudes de transparencia han proporcionado información sobre las demarcaciones con más inmuebles en la categoría más crítica de colapso: Cuauhtémoc, Cuajimalpa de Morelos, Iztapalapa, Benito Juárez y Álvaro Obregón. Sin embargo, el gobierno de la ciudad no ha especificado cuántos de estos inmuebles han sido demolidos o rehabilitados tras las evaluaciones iniciales realizadas después del sismo de 2017.
Para abordar esta problemática, la administración local ha implementado el Programa de Atención Integral a Inmuebles de Alto Riesgo, que comenzó en septiembre de 2025. Este esfuerzo se suma al trabajo de la Comisión para la Reconstrucción, que sigue atendiendo las viviendas afectadas por el terremoto de 2017. Hasta septiembre de 2026, se han completado más de 20,500 viviendas, gracias a una inversión significativa destinada a estudios, demoliciones y apoyos de renta.
La situación actual resalta la urgencia de actuar para proteger la vida de los habitantes en estas áreas vulnerables. A medida que se continúan realizando evaluaciones y mejoras en la infraestructura, es vital que los ciudadanos estén informados sobre el estado de sus inmuebles y las medidas de seguridad implementadas en su comunidad. La seguridad estructural debe ser una prioridad, y la respuesta de las autoridades será fundamental para prevenir tragedias futuras.
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