La realidad del control territorial en México es alarmante. Según un estudio reciente, más del 70 por ciento del país está bajo la influencia de organizaciones criminales o enfrenta un control disputado entre estas y las autoridades locales. Específicamente, el análisis revela que un 47 por ciento de las entidades están marcadas por una lucha constante, donde la delincuencia y las instituciones tienen un poder compartido o en competencia.
Este panorama se torna aún más inquietante al considerar que solo un 23 por ciento del territorio nacional presenta un predominio claro de las autoridades estatales. Esto sugiere que la presencia de grupos criminales va más allá de los índices de homicidio y confrontaciones directas; se manifiesta en su capacidad para establecer cuotas, controlar actividades económicas y limitar la movilidad de los ciudadanos, además de influir en la toma de decisiones de diversas autoridades.
El estudio, que fija su análisis hasta el 25 de septiembre de 2026, clasifica a nueve entidades como aquellas con un “predominio criminal en amplias regiones”: Colima, Sinaloa, Guanajuato, Morelos, Baja California, Guerrero, Michoacán, Chihuahua y Quintana Roo, donde se concentra un 23 por ciento de la población. Estos estados son ejemplos preocupantes de la penetración del narcotráfico y otras formas de criminalidad en la vida cotidiana de miles de ciudadanos.
Por otro lado, un grupo más amplio de 14 estados se clasifica bajo condiciones de “control compartido o disputado”. Entre ellos se encuentran entidades como Sonora, San Luis Potosí, Jalisco y la Ciudad de México. En conjunto, estas regiones albergan a un asombroso 59 por ciento de la población nacional, lo que subraya la magnitud del desafío que enfrenta el país en materia de seguridad y gobernabilidad.
En contraste, solamente nueve estados destacan por mantener un predominio estatal: Nayarit, Durango, Puebla, Hidalgo, Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Tlaxcala y Yucatán. Estas entidades, que representan un 17 por ciento de la población total, parecen ser las excepciones en un contexto mayormente marcado por la influencia del crimen organizado.
La situación es crítica y resalta la necesidad de políticas públicas efectivas que fortalezcan el estado de derecho y garanticen la seguridad de los ciudadanos. La complejidad del fenómeno delictivo en México exige que se aborden no solo los síntomas, como la violencia, sino también las causas subyacentes que permiten la proliferación de estructuras criminales. En este marco, es imperativo que los gobiernos locales y federales trabajen de la mano con la sociedad civil para restaurar el orden y la confianza en las instituciones.
Este estudio da voz a una realidad que no se puede ignorar: la lucha por el control del territorio en México es una batalla que abarca mucho más que estadísticas. Es un llamado a la acción para todos los actores de la sociedad, desde los responsables de la política hasta cada ciudadano, para participar en la construcción de un país más seguro y justo.
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