La tensión social en Francia se intensifica a medida que la movilización estudiantil se extiende por el país. Este lunes, el Ministerio de Educación informó que 413 centros educativos han registrado bloqueos y protestas, todos derivados de la creciente insatisfacción por la falta de profesores sustitutos, el deterioro de las infraestructuras y las condiciones de enseñanza. Esta cifra representa una disminución del 27% respecto a los 564 centros afectados el viernes pasado y un 32% menos que los 610 contabilizados el jueves anterior, en un país que cuenta con 3.700 institutos.
Desde mediados de septiembre, las protestas han salido de las afueras de París y se han diseminado hacia otras regiones de Francia. Aunque el número de centros afectados disminuyó este lunes, el 40% de los institutos no había reportado incidentes, lo que las autoridades interpretan como un intento deliberado de expandir el movimiento a nuevas áreas.
Las manifestaciones han incluido bloqueos, incendios y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, particularmente en ciudades como París y Toulouse. La situación se ha tornado más peligrosa, ya que la Fiscalía ha prolongado la detención de un estudiante de 16 años acusado de haber rociado con gasolina a un profesor durante una protesta el viernes en La Ciotat. Además, un estudiante de 17 años en Aix-en-Provence fue arrestado por su supuesta participación en una agresión que resultó en la pérdida de visión de una mujer de aproximadamente 50 años.
En total, las autoridades han contabilizado cerca de 5.000 detenidos desde el inicio de las protestas, de los cuales aproximadamente el 85% son menores. También se han documentado 24 centros educativos incendiados o dañados y 78 trabajadores de la enseñanza heridos.
El Gobierno se encuentra en máxima alerta ante convocatorias previstas para este martes, temiendo que puedan desencadenar nuevos episodios de violencia, especialmente si las protestas se expanden a las universidades. De hecho, durante la semana pasada, más de una treintena de estos centros ya fueron víctimas de disturbios.
Frente a esta crisis, el Ejecutivo ha anunciado que presentará un proyecto de ley en el Parlamento el 27 de octubre para que quienes causen daños durante manifestaciones violentas asuman los costos. Esta medida llega en un momento en que sindicatos y organizaciones sociales critican fuertemente la actuación de las fuerzas del orden. Las autoridades, a su vez, han sido acusadas de usar fuerza excesiva contra menores que defienden lo que consideran demandas legítimas. Actualmente, hay cinco investigaciones internas que analizan las acciones de los agentes durante estas protestas.
La Liga de Derechos Humanos ha expresado su preocupación por lo que consideran un deterioro del Estado de derecho, mientras que el Ejecutivo acusa a La Francia Insumisa de alimentar la tensión por motivos electorales, a solo seis meses de las elecciones presidenciales.
El ministro de Educación, Édouard Geffray, había anticipado que entre 400 y 500 centros podrían permanecer cerrados total o parcialmente este lunes. También lamentó que las protestas han dejado como saldo 78 trabajadores educativos heridos y que al menos 24 establecimientos han sido “incendiados o saqueados”.
Las manifestaciones continúan siendo un foco de preocupación para el Gobierno y la sociedad en general, mientras persiste la búsqueda de soluciones enfáticas a los problemas que han desencadenado esta ola de protestas.
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