Integrantes de la sociedad civil en Querétaro, junto con la asociación Voceras de la Madre Tierra, hicieron un firme llamado al gobierno estatal para que se suspendan de manera precautoria nuevos proyectos de centros de datos en la región. Este reclamo surge en un contexto crítico, dado que Querétaro concentra nada menos que el 72% de la capacidad instalada de esta industria a nivel nacional.
Durante la presentación del primer Informe ciudadano sobre la expansión de centros de datos, los activistas expresaron su preocupación por la falta de transparencia en cuanto al impacto ambiental que estos proyectos generan. Este sector ha suscitado inquietudes acerca de su demanda de recursos hídricos, energéticos y territoriales, cuya medición se ha considerado insuficiente hasta el momento.
Teresa Roldán, una de las voces destacadas en esta lucha, subrayó que, hasta ahora, las autoridades no han proporcionado información clara sobre el porqué de la proliferación de centros de datos en Querétaro. En sus declaraciones, Roldán mencionó que la región se ha etiquetado como una “zona de sacrificio”, donde se prioriza el desarrollo de empresas extranjeras sin considerar seriamente las implicaciones para los recursos naturales. “Querétaro se está convirtiendo en un espacio donde se autorizan proyectos sin evaluar adecuadamente su impacto,” añadió la activista.
Hasta la fecha, no existe información oficial sobre el consumo de agua asociado a estas instalaciones. Si bien la Secretaría de Desarrollo Sustentable iniciará un monitoreo a través de una Cédula de Operación Anual, las dudas persisten. Roldán exigió claridad en cuanto a cuánto pueden soportar los acuíferos de Querétaro, así como los efectos acumulativos que este tipo de proyectos tendría en la población local y el medio ambiente.
Por su parte, Saúl Acevedo planteó una crítica importante: la falta de solicitudes de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para estos centros de datos. Solamente una instalación ha presentado este documento, lo que limita el entendimiento del verdadero impacto ambiental. Acevedo citó investigaciones internacionales que consideran a Querétaro un “caso frontera” en este ámbito, donde la falta de datos precisos complica la evaluación del impacto real.
Elizabet Durán, otra activista presente, cuestionó la situación de los acuíferos de Querétaro, de los cuales cuatro están en niveles críticos. Durán argumentó que este informe no busca rechazar el desarrollo tecnológico, sino garantizar que cualquier expansión se realice con una evaluación exhaustiva de sus consecuencias.
La ambientalista Pamela Siurob también expresó su preocupación, destacando que la industria de datos suele generar escasas oportunidades laborales en comparación con su impacto en los recursos del estado. Hizo un llamado a los responsables de la toma de decisiones para que reflexionen sobre el futuro sostenible de Querétaro.
Asimismo, se abordaron los efectos potenciales que tendrían estas instalaciones en la disponibilidad de recursos y el bienestar de las comunidades locales. La necesidad de regular esta industria se vuelve una prioridad, y por ello, los activistas anunciaron que están trabajando en una iniciativa ciudadana para presentar un marco regulatorio ante el Congreso de Querétaro.
Finalmente, se adelantó que se interpondrá un amparo en contra de la falta de transparencia en la información solicitada a diversas autoridades competentes. La situación en Querétaro sigue evolucionando, y la comunidad civil está decidida a abogar por un desarrollo más sostenible y responsable en la región.
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