Más de un año ha pasado desde que la administración de Trump tomó la controvertida decisión de desmantelar Voice of America (VOA), el mayor emisor internacional de noticias de EE. UU. En marzo de 2025, el entonces presidente argumentó que los contribuyentes ya no deberían financiar lo que él calificó de “propaganda radical”. Sin embargo, la realidad ha demostrado ser muy diferente: el cierre de operaciones ha costado millones, incluso en su inactividad.
Voice of America, bajo la egida de la Agencia de Medios Globales de EE. UU. (USAGM), se dedica a transmitir noticias a más de 361 millones de personas en 49 idiomas. No obstante, tras la orden de Trump, aproximadamente 420 empleados de VOA continuaron en licencias administrativas pagadas, lo que representa un gasto estimado de $1.6 millones semanales, acumulando en total $82.8 millones al año, según reportes de la Oficina del Inspector General.
El informe reveló preocupaciones sobre la falta de un análisis adecuado sobre el impacto de esta reducción de personal en las operaciones del medio. En particular, se destacó que las instalaciones técnicas y el personal de soporte no habían sido considerados adecuadamente, lo que podría exponer a la organización a una gestión ineficiente de sus recursos.
Además, el USAGM no logró verificar el 99% de la documentación relacionada con el desecho de equipos de transmisión e infraestructura. La falta de registros fiables plantea serias dudas sobre la transparencia en la gestión de activos, lo cual podría llevar a una mala administración y pérdida de recursos de la agencia.
Más allá de cuestiones operativas, el cierre de VOA ha provocado vacíos en la producción digital y la transmisión, lo que, según el informe, afectó significativamente las prioridades de Estados Unidos en el escenario internacional.
La controversia no se limitó al ámbito financiero. En noviembre de 2024, un excorresponsal de noticias, Dan Robinson, criticó a la VOA en un artículo, describiéndola como una “operación rebelde” y argumentando que había sucumbido a un sesgo de izquierda, alineándose con medios nacionales partidistas. Esta crítica resonó en los pasillos de la Casa Blanca, donde Trump firmó en marzo de 2025 una orden ejecutiva que instaba a la eliminación de funciones no estatutarias del USAGM y a recortar operaciones al mínimo exigido por la ley.
Como resultado de estas acciones, 994 de los 1,147 empleados federales de la VOA fueron colocados en licencia administrativa, y la mayoría de los contratistas se vieron despedidos. La paralización de la transmisión marcó un hito, siendo la primera vez que la VOA dejó de operar de manera ininterrumpida desde la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, la historia dio un giro inesperado en marzo de 2026. El juez de distrito de EE. UU. Royce Lamberth declaró que los esfuerzos de Trump por cerrar USAGM eran ilegales, ordenando el regreso al trabajo de más de 1,000 empleados. Lamberth destacó que las decisiones tomadas carecían de un enfoque estructurado y no consideraban las funciones requeridas por la ley, ni el daño infligido a empleados y periodistas.
El desmantelamiento de la VOA y las situaciones derivadas continúan siendo un ejemplo complejo del choque entre política y medios, dejando preguntas sobre el futuro de la comunicación pública internacional en un tiempo de creciente desconfianza global. A medida que los acontecimientos se desarrollan, la necesidad de transparencia, gestión eficiente y responsabilidad se vuelve cada vez más crucial en el ámbito de los medios de comunicación y la política pública.
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