La incapacidad de los partidos para acordar la renovación de los órganos constitucionales ha llevado a una situación inédita en la democracia. Desde ayer, cuando se cumplió el mandato de nueve años del Tribunal de Cuentas, son ya cuatro los órganos caducados y condenados a la interinidad.
El Defensor del Pueblo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional y, ahora también, el órgano fiscalizador, esperan un pacto que pocos ven posible a corto plazo y para el que la ley no ofrece alternativa. Los juristas advierten de la gravedad de la situación y del peligro de normalizarla. “Ha dejado de causar estupor y eso no es bueno”, señala Ana Aba Catoira, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Coruña.
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La mayoría cualificada para renovar estos órganos que impone la Constitución estaba llamada a funcionar como un mecanismo que fomentara el acuerdo entre los grupos parlamentarios. Pero, a lo largo de la historia, se ha convertido demasiadas veces en un mecanismo de bloqueo en manos del principal partido de la oposición, sobre todo cuando es el Partido Popular el que, como ahora, ocupa este puesto.
En anteriores ocasiones la renovación de algunos órganos ha llegado con años de retraso, nunca había ocurrido que se acumularan tantas instituciones bloqueadas y durante tanto tiempo. En el caso del CGPJ, el actual tiene ya el récord de mandato prolongado: dos años y siete meses (desde diciembre de 2018) frente al año y 11 meses del Consejo que presidió Francisco José Hernando y que, hasta ahora, era el mayor ejemplo de bloqueo.
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La renovación del Defensor del Pueblo lleva pendiente desde julio 2017, todavía bajo el Gobierno de Mariano Rajoy. Un año y medio después caducó el CGPJ, cuya composición actual sigue obedeciendo al reparto parlamentario que había en 2013, cuando el PP gobernaba con mayoría absoluta; en noviembre de 2019 expiró el mandato de cuatro magistrados del Constitucional y el tribunal, con un tercio de sus miembros en funciones, ha tumbado el confinamiento decretado durante los primeros meses de la pandemia y tiene sobre la mesa la ley del aborto, la de la eutanasia, la prisión permanente revisable y el segundo estado de alarma.
Aunque son cuatro los órganos pendientes de renovar, la prioridad politica es el CGPJ, por su papel fundamental como poder del Estado. El Gobierno ha intentado el pacto conjunto (para renovar varios órganos a la vez) y el individual, pero ambos han chocado con los continuos cambios de condiciones impuestos por el PP para el Consejo. La última, que antes de renovarlo hay que modificar la forma de elección de los 12 vocales jueces para que sean elegidos por los miembros de la carrera judicial.
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El PSOE no se cierra a reformar el sistema de selección de los vocales, pero considera que el Consejo debe renovarse con la ley vigente y, una vez desbloqueado y con los cinco años de mandato por delante, plantear la reforma legal. Carmona entiende también que la “lógica jurídica” lleva a que el órgano de renueve con la norma actual, que era la que estaba en vigor cuando caducó el mandato y con la que se inició el proceso de renovación.
Otros juristas, no obstante, consideran que no hay obstáculo jurídico para cambiar la ley ahora si eso desenquistara la situación. “Valen las dos cosas. El argumento del PSOE de que ahora no se pueden cambiar las reglas del juego es una excusa formal para no tocar una ley que no quiere modificar. Pero lo mismo puede decirse del PP. Dice que Europa no permite seguir con el actual sistema de elección y eso no es verdad”, señala Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada.
