Soy el mayor escéptico frente a los políticos que ven en la reducción de impuestos a los ricos la solución a todos los problemas. De hecho, la afirmación de que las rebajas de impuestos pueden hacer magia es un ejemplo buenísimo de idea zombi, una idea que se mantiene viva, a pesar de las pruebas abrumadoras en su contra, porque su supervivencia redunda en beneficio de los donantes ricos.
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Pero hasta a mí me tomó por sorpresa que los republicanos que negocian una posible ley de infraestructuras descartaran pagarla en parte dando al Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés) más recursos para perseguir la evasión fiscal. Se trata de algo muy importante. El Departamento del Tesoro cree que el “desfase fiscal”, impuestos debidos pero no pagados, supera los 500.000 millones de dólares anuales; algunos cálculos dan una cifra mucho más elevada. Y el Gobierno de Biden propone dar al IRS recursos suficientes para reducir este desfase, como forma de ayudar a pagar la inversión en el futuro de Estados Unidos.
Pero si el Gobierno sigue esta senda, lo hará aparentemente sin el respaldo del Partido Republicano. Seamos claros: a mí no me sorprende saber que un número considerable de senadores se muestre comprensivo con los intereses de los fraudes fiscales de los ricos, que sean objetivamente favorables a la evasión fiscal. Sí me sorprende, sin embargo, que estén dispuestos a mostrar tan abiertamente sus simpatías. Al fin y al cabo, hay una gran diferencia entre defender que hay que bajar los impuestos a los ricos, y sostener de hecho que debemos permitir a los ricos que no pagan lo que la ley establece que se salgan con la suya.
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Para empezar, no creo que ni siquiera los derechistas se atreviesen a utilizar los habituales argumentos favorables a la rebaja de los tipos fiscales, con todo lo dudosos que son, para defender la evasión fiscal. ¿Quién sostendría en serio que lo único que mantiene en movimiento a los “creadores de puestos de trabajo” es su creencia de que pueden evadir los impuestos que la ley les obliga a pagar?
¿Y quiénes son aquí los posibles electores? Cuando un millonario o multimillonario evade impuestos, lo hace a expensas de todos los demás: un mayor déficit podría significar un menor margen para el gasto social, pero también significa un menor margen para las rebajas de impuestos legales. De modo que todo el mundo debería estar a favor de que se tomen medidas contra los defraudadores, es decir, todos menos los propios defraudadores. Podríamos pensar incluso que los estadounidenses ricos que pagan lo que deben, ya sea por escrúpulos o porque les importa su reputación, se enfadarían especialmente con aquellos de sus iguales que se saltan las normas.
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De modo que la evasión fiscal afecta principalmente a los ingresos de sociedades o, mejor dicho, a los ingresos de “sociedades”, porque se produce principalmente a través de compañías y otras entidades, como las sociedades anónimas de tipo S, que no producen de hecho bienes y servicios, sino que son principalmente ficciones contables. Hay algunas razones legítimas por las que se permite la existencia de estas entidades, como, por ejemplo, ayudar en la planificación de las jubilaciones.
Y estas oportunidades de ocultar rentas se concentran en la cima; recientemente se ha calculado que más del 20% de las rentas percibidas por el 1% más rico de la población queda sin declarar. ¿Cómo puede entonces alguien justificar que no se persigan estos abusos? Hasta donde yo he visto, los republicanos que se oponen al reforzamiento de las medidas antifraude ni siquiera intentan justificarse, excepto planteando alegaciones viejas y desacreditadas hace tiempo de que el IRS ataca directamente a los grupos conservadores. Pero parecen decididos a defender los privilegios de los defraudadores fiscales ricos. ¿Por qué?
