Nochebuena de 2020; 12:30 del mediodía. 34 migrantes salen en dos pateras inflables de las costas turcas de Ayvacik, frente a la isla de Lesbos. Con la esperanza de alcanzar suelo europeo. Justo cuando la gasolina del depósito está llegando a su fin, aparecen los guardacostas griegos maniobrando de manera peligrosa junto a los paupérrimos botes. Hay disparos y, finalmente, los migrantes suben al barco patrulla. Una vez a bordo, los oficiales, lejos de poner rumbo a un puerto seguro, obligan al grupo a “despojarse de sus pertenencias”. Desconcertados, se les obliga a subir a otras barcas más pequeñas -y sin motor- que luego son remolcadas a la fuerza hacia aguas turcas. Donde quedan abandonados y “sin esperanza” en el mar Egeo.
El anterior es uno de los 295 casos de expulsiones en frontera -los ahora llamados pushbacks (retrocesos)- en el mar Egeo que las autoridades turcas atribuyen a la policía griega y que han ido documentando a través de vídeos, fotografías y entrevistas a las víctimas entre el 28 de febrero de 2020 y el 6 de enero de 2021.
Más información
El pasado 17 de febrero, Turquía, a través de su embajada en Varsovia (Polonia), sede de Frontex, envió un sobre con el famoso dispositivo a la oficina del director ejecutivo de la agencia de la UE, el francés Fabrice Leggeri, junto a una carta en la que le advertían de situaciones de “violación de derechos humanos y de [omisión de] obligaciones de protección internacional en el mar Egeo”. Corrían malos tiempos para la reputación de la agencia comunitaria: varias ONG, organismos internacionales y reportajes en prensa escrita ya empezaban a criticar la mala praxis en el Egeo y a denunciar episodios de violación de derechos humanos en los que agentes de Frontex, en su mayoría pertenecientes a la Guardia Costera Griega, se veían involucrados.
“Frontex abandona [el lugar del incidente en el Egeo] sin hacer ningún rescate”, “Se aprecia cómo los guardacostas helenos devuelven en caliente [a aguas turcas] una patera”, “quitan el motor”, “pinchan la patera”, “les quitan [a los migrantes] sus pertenencias de valor”… Son frases que se repiten a lo largo de las 31 páginas del documento que detalla —con hora militar, geolocalización y tipo de embarcación, entre otros— qué sucedió en los 295 pushbacks que, según las autoridades turcas, efectuó la policía helena gracias, también, a la vista gorda de Frontex.
08.58 de la mañana del 23 de mayo de 2020. Sábado. “Se informó de que había un grupo de migrantes irregulares en cuatro botes salvavidas que habían sido empujados de vuelta hacia aguas territoriales turcas por parte de los guardacostas griegos. 72 personas fueron rescatadas después de pasar 5-6 horas en el mar. Se les quitaron sus pertenencias”, relata otro episodio.
Mas información
Pese a que las instituciones comunitarias (el Parlamento y la Comisión) conocían de la existencia —no del contenido— del USB desde la pasada primavera. Y pese a la reiterada insistencia de los funcionarios de Inmigración a Leggeri para que enviase una copia a Bruselas. No ha sido hasta el 5 de julio cuando Leggeri desveló por primera vez el contenido “sensible” del USB al Comité Ejecutivo de Frontex. Que fue descargado en los ordenadores de Varsovia el 29 de marzo, según las misivas a las que ha tenido acceso este diario.
Poco después, el 14 de julio, justo cuando se hizo pública la investigación de la Eurocámara por la que de alguna forma se eximía a Frontex de la “responsabilidad directa” respecto de las devoluciones en caliente, la agencia por fin compartió el dispositivo con las instituciones comunitarias. La ICO admite en el documento que en los vídeos Frontex se ve “indirectamente involucrado”. Porque aporta recursos humanos (agentes) y equipo técnico a los guardacostas griegos para apoyar sus operaciones en el mar Egeo.
“Los vídeos [por cómo están montados] han sido manipulados y por tanto hay que ser cautos”, avisaba Leggeri en una misiva a los miembros directivos de Frontex el 5 de julio. El USB contiene imágenes de expulsiones en frontera correspondientes en su mayoría a verano de 2020. Y el modus operandi que Ankara atribuye a los guardacostas griegos es prácticamente el mismo en casi todos los casos: pateras hinchables con decenas de personas (grupos de 13, 28, 40, 70, a veces 130 como máximo) son interceptadas por agentes griegos —en ocasiones asistidos por Frontex—, los migrantes son rescatados y posteriormente trasladados a barcas sin motor y de menor tamaño que, a veces con violencia, son remolcadas por el barco patrulla hasta aguas turcas, donde los migrantes son “abandonados”.
“Apaleados”
Una de las situaciones más extremas, según el documento, sucedió el pasado 19 de diciembre. Al amanecer, los guardacostas comunitarios recibieron el aviso de que un grupo de migrantes había salido de las cosas de Esmirna (Turquía). Y que se encontraba en esos momentos a la deriva repartidos en tres pateras de goma. Se inició una operación de rescate y 31 migrantes fueron salvados. Sin embargo, según sus testimonios que están incluidos en el USB, “fueron apaleados por agentes griegos” y “sus posesiones de valor fueron requisadas”. Las 31 personas rescatadas por los guardacostas fueron embarcadas poco después en otro bote hinchable más pequeño que fue remolcado y abandonado en aguas turcas. Este caso, sin embargo, se complicó. Cinco migrantes se cayeron al mar después de que los agentes pincharan el bote. “Tres [migrantes] perdieron la vida”, dice el documento que reproduce el contenido del USB.
El pasado 14 de julio, una investigación del Parlamento Europeo concluyó que la agencia no era “directamente responsable” de las decenas de expulsiones en caliente entre Grecia y Turquía, pero afirmó que había “deficiencias” en la protección de los derechos humanos en las operaciones conjuntas con otros Estados miembros, en clara referencia a Grecia y los episodios de pushbacks que, casi a diario, se sucedieron a lo largo de 2020 y principios de 2021.
