Hace ya dos meses y 10 días que Marruecos propició la irrupción en Ceuta de más de 10.000 inmigrantes y Rabat llamó a consultas a su embajadora en Madrid, Karima Benyaich, en protesta por la hospitalización en España del líder saharaui Brahim Gali. Y hace ya dos semanas que el presidente español, Pedro Sánchez, prescindió de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, quien había provocado las iras del vecino del sur al autorizar el ingreso en un hospital de Logroño del líder del Frente Polisario. Sin embargo, el nuevo ministro, José Manuel Albares, que ha viajado ya a Londres y este martes partirá hacia Perú, aún no ha visitado Rabat, aunque calificó a Marruecos de “gran amigo” en su toma de posesión.
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La crisis parece bloqueada, en punto muerto. Pero solo en apariencia, porque bajo la superficie se desarrollan intensas gestiones, según fuentes diplomáticas. Tras una etapa en la que la única comunicación fue a través de intermediarios —como el alto comisionado de la UE, Josep Borrell, y otros miembros de la Comisión Europea—, se entablaron contactos directos. Por parte española, sus protagonistas han sido el embajador en Rabat, Ricardo Díez-Hochleitner, y la directora general para el Magreb, Eva Martínez, que cesó en su puesto el pasado martes. En junio y a principios de julio, ambos mantuvieron conversaciones con la embajadora Benyaich, que se sigue ocupando de las relaciones con España desde Rabat.
La conclusión de la diplomacia española fue que la crisis no debía tratarse como un episodio aislado que zanjar lo antes posible. No se trataba, como quería Rabat, de pactar una frase que pudiera interpretarse como reconocimiento de error o petición de disculpas por haber acogido a Gali o, al menos, no haber avisado al país vecino. Si hubo un error, aducen las fuentes consultadas, se expió con creces con el relevo de González Laya y, en todo caso, no sería exclusivo de Madrid: la huida a nado de miles de jóvenes, incluso niños, jugándose la vida para escapar de su propio país arruinó la imagen internacional de Rabat.
Lo sucedido en Ceuta, señalan fuentes diplomáticas, no fue sino el último y más visible de una serie de desencuentros que comenzaron con el cierre sin aviso de la aduana comercial de Melilla, en julio de 2018, o la extensión unilateral de sus aguas frente a Canarias, en enero de 2020. Unos 22.000 inmigrantes llegaron a Canarias ese año, la mayoría de ellos marroquíes, un 800% más que en 2019.
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”El riesgo es cerrar la crisis en falso y que se repita pasado un tiempo”, señalan las fuentes consultadas. Para evitarlo, España ha planteado una revisión completa de las relaciones bilaterales que permita clarificar la posición de cada uno en los capítulos más espinosos. Por ejemplo, respecto a Ceuta y Melilla, España puede apostar por un desarrollo económico apoyado en su entorno marroquí —una “zona de prosperidad compartida” como la que se busca en el Campo de Gibraltar— o apostar por su “insularidad”, limitando sus contactos con Columna Digital vecino e intensificando sus relaciones con la UE, para lo que se baraja la posibilidad de incorporarlas a la unión aduanera y la zona Schengen.
La clave para las fuentes consultadas está en asumir la “interdependencia” de ambos países en campos como la economía, la inmigración o la lucha contra el yihadismo y sacar consecuencias. Uno de los puntos más espinosos es la cuestión del Sáhara, donde Marruecos quiere forzar un cambio de posición de España y la UE tras el reconocimiento de su marroquinidad por parte de la Administración Trump, mientras que Madrid no puede moverse un milímetro de la doctrina oficial de la ONU.
