Que la pandemia ha llevado al límite al sector público y a sus trabajadores no lo dicen solo las organizaciones que los representan, o los Gobiernos para los que trabajan, también instituciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En su último informe Government at a Glance 2021 (Gobierno de un vistazo 2021, en inglés), el organismo que tutela a las economías más poderosas del planeta reconoce que la covid-19 “ha destacado el importante papel que desempeñan los empleados públicos en la prestación de servicios esenciales, manteniendo a los ciudadanos sanos, seguros y amparados económicamente”.
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En una extensa radiografía, de 281 páginas, la OCDE constata el aumento del peso que ha adquirido el empleo público a lo largo de los últimos años en los distintos países, y aunque las conclusiones del estudio se proyectan sobre 36 de los territorios que conforman la organización, algunas de ellas las dirige directamente a España. Como, por ejemplo, el hecho de que el volumen de empleados públicos con los que cuentan sus instituciones se encuentre por debajo de la media del resto de países, y que, al mismo tiempo, su plantilla sea una de las más envejecidas.
El peso del empleo público en España en 2019 ―el último año que toma como referencia― fue del 15,58%, dos puntos por encima del que presentaba en 2007 ―en el que se inicia la serie―; mientras que el de la media de los países de la OCDE se situó en el 17,91%. Según el Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas que elabora Función Pública, en enero de ese año se computaron 2.578.388 trabajadores públicos (5.106 menos que en julio de 2018). Sin embargo, desde entonces la plantilla pública no ha parado de crecer hasta alcanzar en 2021 la cifra más alta de la historia: 2.710.405 trabajadores.
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Pese al crecimiento de las plantillas, el sector público español se caracteriza también por su alta temporalidad, una situación que el Gobierno se ha comprometido a corregir con la UE para dejarla en el entorno del 8% (algunos cálculos la sitúan actualmente hasta en un 28%). Para ello, el Ejecutivo prepara un decreto con la mayor oferta ordinaria de empleo público de la historia, 30.455 plazas, tal y como adelantó el país. “Sí, vamos a aprobar la mayor convocatoria de ofertas públicas de empleo”, aseguró este lunes la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien calificó ese hecho de “noticia magnífica” y lo contrapuso a las “políticas de austeridad del PP”. “En esta pandemia ha emergido la necesidad de lo público y eso tiene unas personas que lo hacen posible”, dijo Díaz en alusión de los funcionarios y el personal al servicio de la Administración.
“El tamaño del empleo público varía significativamente entre los países de la OCDE. Mientras que Noruega, Suecia y Dinamarca registran los niveles más altos, alcanzando cerca del 30% del empleo total; Japón y Corea presentan los más bajos: 6% y 8%, respectivamente”, señala el informe. Además de remarcar estas diferencias, el organismo de cooperación internacional concluye que “la proporción de personal empleado a niveles subnacionales del Gobierno es un indicador del nivel de descentralización de las Administraciones Públicas”. En el caso de España, las comunidades autónomas y las entidades locales concentran la mayoría del empleo público: 59,63% y 21,39%; por encima del que recoge el Estado (18,98%).
