Los posicionamientos negacionistas con respecto a la realidad de la emergencia climática han hecho perder mucho tiempo a la humanidad en los esfuerzos por mitigar sus efectos negativos. Desaparecido Donald Trump de la presidencia americana, último baluarte importante de estos posicionamientos, parecería que todo se orientaría hacía una senda más clara de implementación de las medidas necesarias para esta mitigación.
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Sin embargo, estamos viendo que está surgiendo una nueva amenaza, que pudiera ser más peligrosa quizás que la anterior, lo que podríamos llamar el neonegacionismo. Las personas o entidades que podemos incluir en esta categorización son muy heterogéneas. Ambientalistas bien intencionados que priorizan la realidad local sobre el problema global, intereses económicos competitivos, egoístas regionales, contratodistas o cazadores de protagonismo forman parte de este grupo.
En general tiene en común que ninguno niega la emergencia climática e incluso solicitan a los Gobiernos una mayor ambición en sus objetivos, pero, en flagrante incoherencia o desconexión de la realidad, se oponen a la aplicación práctica de las políticas necesarias para su mitigación o quieren que se lleven a cabo en un territorio alejado del suyo, lo cual a efectos prácticos tiene las mismas implicaciones que los posicionamientos de los anteriores negacionistas. Propugnan soluciones utópicas o que podrían retrasar durante décadas la lucha contra la crisis climática.
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En el caso español, para la energía solar, la matemática es clara. El objetivo marcado por el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) es alcanzar los 39 GW en 2030. En este momento contamos con 12,6 GW instalados, estimamos que se podrían instalar alrededor de 10 GW en autoconsumo, con lo cual nos quedarían 16,4 GW que sería necesario instalar en suelo, objetivo mínimo, que realmente debería ser revisado para estar en sintonía con el incremento de objetivos de energías renovables aprobado por la Comisión Europea.
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Pero esta realidad no justifica que todo proyecto renovable sea admisible. Es necesario hacer las cosas bien y no hay justificación para no hacerlo así.
Si se implementa de manera adecuada, la construcción de una planta solar fotovoltaica no solo no es negativa para la biodiversidad sino que, en contraste con algunas prácticas anteriores en el mismo suelo, puede significar una oportunidad. Para empezar, no es necesario construirlas en zonas que tengan ningún tipo de protección ambiental.
Las plantas tienen que llevarse a cabo desde los principios del respeto al territorio y a las poblaciones locales. Desde el respeto al territorio diseñándolas basadas en el concepto de la reversibilidad, es decir, que los suelos estén igual o mejor el día de su desinstalación que cuando se llevaron a cabo. Por ejemplo, sustituyendo las cimentaciones de hormigón por hincado, no removiendo el suelo fértil ni utilizando productos fitosanitarios. En las plantas ya construidas se aprecia una renaturalización de los suelos; y esta renaturalización se debe ayudar con la instalación de nidales, hoteles de insectos, humedales.
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No menos importante que el respeto a la biodiversidad es el respeto a las comunidades locales. Todo proyecto debe partir del dialogo con ellas y los ayuntamientos. Los acuerdos con los propietarios de los terrenos deben llevarse a cabo desde la voluntariedad renunciando a la posibilidad de expropiar los suelos necesarios para la planta. Se deben de buscar fórmulas para dejar el mayor impacto económico a nivel local a través no solo del pago del impuestos y alquileres de terrenos correspondientes, sino de la contratación de mano de obra y bienes y servicios locales y la introducción de fórmulas para compartir beneficios.
Si todo el PNIEC se llevara a cabo en suelo agrícola, se necesitaría menos del 0,20% del mismo, por lo que claramente no se produce ninguna incompatibilidad de usos. Sin embargo, en determinadas zonas se produce una mayor concentración de proyectos, lo que hace que surjan voces reclamando una moratoria que permitiera una hipotética planificación. Se olvidan esas voces que nuestro país es un Estado de derecho, garantista, con unos procedimientos administrativos que a través del estudio de impacto ambiental singular y acumulativo, ejercen el mismo papel de esta solicitada planificación en base a datos reales y más profundos.
Vivimos un momento en el cual todos los actores tiene que asumir su responsabilidad histórica, las empresas comprometiéndose a trabajar desde la excelencia y el respeto, pero ambientalistas y autoridades tienen que trabajar también desde la responsabilidad y la visión global del problema. Nuestro país no puede desperdiciar esta oportunidad económica ni el mundo puede permitirse perder otra década en la lucha contra la emergencia climática.
