La Fiscalía Anticorrupción, que investiga desde marzo de 2017 una supuesta mafia policial dirigida por el comisario José Manuel Villarejo, se opone al auto dictado el jueves por el juez Manuel García-Castellón con el que pone fin a las pesquisas sobre el caso Kitchen, una operación urdida sin autorización judicial para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, y robarle presuntamente documentación comprometedora para el Gobierno de Mariano Rajoy. Según fuentes jurídicas, el ministerio público prepara el recurso contra esa resolución.
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Después de tres años de investigación en la Audiencia Nacional y cuando las acusaciones aún creen que quedan muchos hilos de los que tirar, García-Castellón firmó la pasada semana un auto donde da por concluida la instrucción, rechaza la práctica de nuevas pruebas, archiva la causa contra la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y exculpa a la formación conservadora del espionaje ilegal a Bárcenas. Una decisión que adoptó en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, de la Abogacía del Estado, de las acusaciones populares y de varias defensas, que habían pedido prorrogar las pesquisas.
Pero Anticorrupción no piensa tirar la toalla frente al auto de García-Castellón, dictado apenas unos días después de que la Fiscalía presentara un escrito en el que pedía ampliar seis meses más la instrucción para “el completo esclarecimiento de los hechos”. Tanto el ministerio público como la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han situado la diana también en el seno del PP, principal beneficiario de la trama.
Objetivo, “proteger” al PP
En ese escrito de la Fiscalía, al que tuvo acceso Columna Digital, Anticorrupción describe Kitchen como una operación destinada a “proteger a dirigentes del Partido Popular”, sustrayendo de la causa judicial del caso Gürtel una serie de documentos “en poder de Bárcenas y de su mujer Rosalía Iglesias”, cuyo contenido podía “involucrar penalmente” a dirigentes populares.
La Fiscalía apunta la existencia de indicios de responsabilidad penal de María Dolores de Cospedal, y además recuerda que la investigación ha recabado otras pruebas que demuestran que la dirigente popular “habría tenido conocimiento de la puesta en marcha y desarrollo de la Operación Kitchen”. Pese a ello, el juez instructor Manuel García Castellón insistió en su auto de archivo en que las reuniones de la exdirigente con el comisario José Manuel Villarejo no constituyen ningún indicio de delito: “No se puede criminalizar el derecho de reunión”.
La Fiscalía también solicitó al juez la imputación de Ignacio Cosido, director general de la Policía cuando ocurrieron los hechos y portavoz del PP en el Senado durante el primer año de mandato de Pablo Casado al frente del partido. El objetivo de Anticorrupción pasaba por investigar “la posible implicación de responsables políticos y gubernamentales en la ideación, puesta en marcha, desarrollo y control de esta ilícita operación policial”.
Contactos telefónicos
Un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, fechado el pasado 23 de junio y al que ahora ha tenido acceso Columna Digital, analiza los profusos contactos telefónicos que el comisario José Manuel Villarejo mantuvo durante los primeros meses de la Operación Kitchen con Dolores de Cospedal y su entorno —incluidos su marido, el empresario Ignacio López del Hierro; su jefe de gabinete, José Luis Ortiz; su secretaria; y uno de sus asesores, el comisario Andrés Gómez Gordo—. Entre mayo y noviembre de 2013, los agentes han hallado más de 70 comunicaciones entre Villarejo y el entorno de la que era entonces secretaria general del PP: 23 ocasiones en que se cruzan mensajes, 29 llamadas perdidas y 25 conversaciones
Villarejo participó activamente en la operación de espionaje ilegal a Luis Bárcenas, extesorero del partido, mediante la captación del principal confidente, al que grabó numerosas conversaciones donde le informaba de los avances de su misión y al que pagó durante más de un año 2.000 euros mensuales de la partida de fondos reservados del Ministerio del Interior. Ese seguimiento tenía por objeto supuestamente espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y robarle documentación comprometedora para el partido de Mariano Rajoy.
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El informe de Asuntos internos relaciona los contactos de Villarejo con Cospedal y su entorno a través de llamadas directas a una decena de teléfonos móviles o fijos y mensajes de Whatsapp. Además, recoge cómo estas comunicaciones coinciden con los apuntes del comisario en sus cuadernos personales, donde anotaba el contenido de cada conversación, en algún caso referido a lo que ahora se denomina caso Kitchen.
Entre la información recabada —extraída de uno de los teléfonos intervenidos a Villarejo tras su arresto en 2017—, los agentes señalan que el 11 de julio de 2013, justo el día en que se activa el despliegue parapolicial según el juez, Cospedal llama personalmente al comisario y conversan durante 19 segundos. Ese mismo día, Villarejo anota en su agenda: “Cospe: Muy mosca con la citación. Le aconsejé que llamara a Chisco”. Chisco era Francisco Martínez, entonces secretario de Estado de Seguridad, a quien la instrucción otorga el papel de coordinador de la operación.
