Desde hace cuatro décadas, cada nueva Administración que llega a la Casa Blanca ha traído bajo el brazo planes e iniciativas para solucionar el problema de la inmigración irregular de centroamericanos a Estados Unidos; desde hace cuatro décadas, cada nueva Administración se ha dado de dientes contra la complejidad del problema, tanto en lo que respecta a los consensos internos para lograr una ley de reforma migratoria, como en lo relativo a las políticas destinadas a evitar que los centroamericanos abandonen sus países y enfilen hacia el rico vecino del norte.
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El presidente Biden prometió en su campaña que invertiría 4.000 millones de dólares para hacer frente a las recurrentes crisis migratorias y, una vez tomó posesión del Ejecutivo, nombró a la vicepresidenta Kamala Harris como la encargada de manejar el problema, siguiendo la pauta del expresidente Barack Obama, quien durante sus mandatos encargó al entonces vicepresidente Biden la misma tarea. Esta pauta evidencia el alto nivel de importancia que tiene el asunto migratorio en la agenda de la Administración, pero al mismo tiempo libera al presidente de su probable, si no esperable, fracaso.
Como parte de su iniciativa, Harris visitó Guatemala y México, donde se entrevistó con los respectivos presidentes, Alejandro Giamattei y Andrés Manuel López Obrador, y también viajó a la ciudad de El Paso, Texas, donde se reunió con autoridades migratorias, representantes de organizaciones no gubernamentales e inmigrantes irregulares. El mensaje de Harris tuvo dos componentes: por un lado, advirtió explícitamente a los centroamericanos que “no vengan” de manera irregular a Estados Unidos porque serán deportados; por el otro, prometió atacar las “causas de raíz” de la problemática en los propios países del istmo, a través de la inversión económica y el apoyo a la institucionalidad democrática que estimule a la población a permanecer en sus países gracias al empleo y la seguridad.
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Ni en los momentos más duros de la Administración Trump el éxodo se contuvo. Para aquellos desesperados y decididos a huir de las extremas condiciones de pobreza, corrupción y violencia que asuelan a las sociedades centroamericanas, poca diferencia hacen los discursos de republicanos o demócratas en cuanto a la amenaza de deportación.
Al segundo componente del mensaje de Harris, atacar las “causas de raíz” de la problemática, no se le augura un mejor destino. Las élites políticas y económicas de los tres países (Guatemala, El Salvador y Honduras) que más expulsan gente hacia Estados Unidos tienen tal nivel de corrupción que hace impensable que una inversión millonaria mejore las condiciones de vida de esas sociedades; y el desmantelamiento de las instituciones democráticas corre parejo al de la corrupción.
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Sería iluso pensar, pues, que la Administración Biden podrá atacar las “causas de raíz” de la problemática de la inmigración ilegal de centroamericanos, cuando los tres gobiernos —electos o reelectos al calor de los tambores de Trump— están empeñados en el retroceso democrático y en evadir a toda costa cualquier rendición de cuentas. La vicepresidente Harris ha dicho que, para salvar el escollo de la corrupción gubernamental, la inversión económica se le dará directamente a la población a través de organizaciones no gubernamentales.
