El diálogo político se afianza entre La Moncloa y la Generalitat. Tras años en los que ha primado la desconfianza y la insubordinación por parte de las autoridades catalanas, desde la toma de posesión de Pere Aragonès como presidente autonómico, el pasado mayo, el conflicto territorial no se resuelve, pero sí se encauza por la vía de la negociación. Las declaraciones no arrumban los principios y aspiraciones políticas de cada uno, todos los mantienen, pero se han puesto a trabajar para consensuar un calendario de seis meses en los que deben culminar el traspaso de nuevas competencias a la Generalitat.
Dos horas “francas y honestas” de reunión, en palabras de la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, abrieron este lunes un nuevo tiempo de diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat. Después de una década en la que la cuestión territorial y el proceso independentista han monopolizado —y viciado— las relaciones entre ambos ejecutivos, este lunes las necesidades sociales y económicas de Cataluña y sus ciudadanos regresaron al primer plano.
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“Salimos decepcionados porque no hemos abordado todos los traspasos que queríamos, aunque el Gobierno central tiene la oportunidad de demostrar, como dice el presidente, Pedro Sánchez, que no quiere autodeterminación para Cataluña, pero sí autogobierno”, dijo la ministra Rodríguez, también portavoz del Gobierno. Distinto, pero no distante, se expresó a continuación el vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró. La reunión de la Comisión Mixta Gobierno-Generalitat, la primera en tres años, celebrada este lunes en Madrid, cambia sustancialmente la relación entre ambos gobiernos. Además, hubo un anuncio fuera del orden del día: el trabajo conjunto para defender y desarrollar la ampliación del aeropuerto de El Prat.
Hacía diez años que el Gobierno central y la Generalitat no abordaban una inminente transferencia de competencias. En esa década la ruptura no ha hecho más que ahondarse. Ahora, sí hay voluntad de estudiar los 56 traspasos que exige la Generalitat. “Los queremos todos y pronto”, señalaron el vicepresident, Jordi Puigneró, de Junts, y la consejera de la presidencia, Laura Vilagrà, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Ambos mostraron una actitud exigente, sin ahorrar sus decepciones iniciales, pero el político de Junts aportó un mayor grado de dureza en algunas de sus apreciaciones.
Máximo partido al Estatut
Puigneró toma la palabra a Pedro Sánchez respecto a su reiterada aceptación a que se le saque el máximo partido al Estatuto de Cataluña e incluso fuera de él, para que esta comunidad adquiera el grado máximo de competencias. En esa pantalla autonomista no está Puigneró, que se sitúa en el independentismo, pero paso a paso: lo primero es obtener las competencias. El Gobierno central está centrado en seguir adelante con “el proyecto de país” y en el mismo entra la negociación con Cataluña. En seis meses esa voluntad de acuerdo tomará cuerpo, según el calendario mensual acordado este lunes en el ministerio de la política territorial.
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El calendario buscará concretar la transferencia de competencias en materia de becas académicas, de los modelos de formación de los estudiantes de Medicina, las competencias en Salvamento Marítimo y en formación profesional. Vilagrà aseguró que el traspaso de la competencia en becas ya se ha acordado para el curso 2022-2023 y que quedan ultimar los detalles.
Rodríguez comunicó que se activarán las comisiones de coordinación para inversiones en infraestructuras, especialmente en la red ferroviaria de cercanías. La Ministra de Política Territorial confirmo que el Gobierno aumentaría en 200 millones de euros en 2021, según lo establecido por la disposición adicional tercera del Estatuto de autonomía, la partida presupuestaria de la Generalitat. Puigneró criticó por “insuficientes” estos 200 millones, porque el Estado, según el vicepresidente catalán, supera los 3.800 millones de euros. Puigneró, por su parte, se mostró optimista ante la posibilidad que se traspasen las competencias en la gestión de los servicios de cercanías.
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Las dos partes se han comprometido a “reducir la conflictividad institucional”. Pese a ello, la delegación catalana puso sobre la mesa un tema que el Gobierno había pedido dejar fuera de la agenda de la reunión: la demanda de que la Generalitat gestione conjuntamente los fondos europeos para la reconstrucción económica tras la pandemia de la covid-19. Puigneró lamentó que el Ejecutivo central se niegue a dialogar sobre esta cuestión. “Es incomprensible que el Gobierno de España, que tanto habla de la agenda del reencuentro, no ponga sobre la mesa una negociación bilateral de los fondos europeos”.
En efecto, el Gobierno no cede en tratar en la comisión mixta el reparto y gestión de los fondos europeos, por mucho que lo demanden sus interlocutores. Ese capítulo va por otro cauce. Hay muchas más demandas que expone la Generalitat sobre competencias ya cedidas: los límites a los efectivos que puede tener la policía autonómica, los Mossos de Esquadra, la titularidad de edificios históricos o la futura ley audiovisual estatal, que debería también proteger el catalán, según la consejera de la presidencia.
Los cinco apartados pactados les convienen a ambos. El primero es reducir la conflictividad institucional, que se traduce en recursos de inconstitucionalidad en las dos direcciones. También figuran la transferencia de becas; el estudio de otros traspasos “que sean viables” —esta apostilla la aporta el gobierno central— y la reactivación de la comisión de asuntos económicos y fiscales, además de la de infraestracturas. Todo concreto y sin tocar símbolos, identidad ni autodeterminación. De esto quiere hablar el gobierno catalán con el central en la reunión del próximo septiembre, donde volverá a reclamar un referéndum de autodeterminación. Nada que no esté en la Constitución, adelanta el gobierno central. Eso, para septiembre.
