Expertos en derecho consideraron que será casi imposible que la demanda interpuesta, el pasado miércoles, por el Gobierno mexicano contra 11 empresas estadounidenses dedicadas a la producción y distribución de armas prospere porque la ley federal de EU garantiza a los fabricantes de armas gran inmunidad contra los recursos legales de las víctimas de la violencia armada.
Abelardo Rodríguez Sumano, académico del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, puso en duda que el gobierno del presidente López Obrador convenza a la corte de Massachusetts de que los fabricantes de armas facilitaron de manera consciente -como señala la demanda- la venta de armamento a los cárteles o incurrieron en comercio ilegal a minoristas que puedan tener vínculos con grupos delictivos, lo que no es necesariamente un delito.
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Es un tema, explicó, extraordinariamente polémico en el contexto estadounidense porque se circunscribe a la Segunda Enmienda de la Constitución, que tiene que ver con el derecho a portar armas.
Por su parte, Julio Jiménez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, consideró que la denuncia no es más que una forma de llamar la atención del gobierno de Joe Biden y de las propias empresas de armas para que puedan sentarse y llegar a un acuerdo.
“Esto no es más que un ejercicio de carácter mediático para llamar la atención del gobierno estadounidense y de uno de los sector más poderosos económicamente en todo Estados Unidos, por lo que dudo mucho que trascienda esta demanda, lo digo como abogado y sobre todo que tenga un efecto en el problema del tráfico de armas”, afirmó.
De acuerdo con Jiménez, los argumentos presentados por el gobierno mexicano contra Smith & Wesson, Barrett Firearms, Colt’s Manufacturing Company, Glock Inc, Sturm, Ruger & Co Inc y otras cinco empresas más, carecen de validez legal, pues no obedecen a una legítima demanda de garantizar la seguridad nacional.
Ambos expertos coincidieron en que lejos de atenuar la violencia que genera en México la venta de armas en el vecino del norte, la denuncia podría generar una confrontación con los distintos grupos políticos y de interés ideológicos dentro de la Unión Americana.
