Por Javier Santiago Castillo
Era de esperarse que las posiciones respecto al resultado de la Consulta Popular estuvieran en los extremos: del fracaso al éxito, aunque, hay que reconocer que los partidarios de esto último han matizado su entusiasmo, pero ya encontraron culpables. Sin duda alguna, no faltará quien valore que una reflexión con el fin aproximarnos a un balance objetivo es hacerle el juego a la derecha o al gobierno y su partido. Pero, no existe duda de que este balance debe realizarse desde diversas perspectivas: jurídica, organizativa y política.
Desde la perspectiva jurídica en un artículo anterior reseñamos, a grandes rasgos, el debate dado en la Suprema corte de Justicia de la Nación. Vale la pena recordar que los ministros coincidieron unánimemente en que la pregunta enviada por el Presidente era inconstitucional, esencialmente porque violaba derechos humanos de los expresidentes, de forma particular la presunción de inocencia. El diferendo estuvo en si la Corte tenía la facultad de relaborar la pregunta o no, la mayoría consideró que sí, por eso la pregunta quedó hecha un galimatías y tiene una distancia de la campaña propagandística realizada por los promotores de la consulta.
Ahora sí como dijo el clásico “haiga sido como haiga sido” a partir de la aprobación de la pregunta por la Suprema Corte, la Consulta Popular era constitucionalmente válida. Ante la hipótesis de que hubiera votado el 40% de la ciudadanía inscrita en la lista nominal la consulta tendría limitada eficacia jurídica, porque en el caso de que se investigara a los expresidentes Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y se les encontrara culpables de la comisión de algún o algunos delitos, en el desempeño de su función pública, éstos ya prescribieron y no podrían ser juzgados. Sólo en el caso del expresidente Enrique Peña Nieto, de encontrársele alguna responsabilidad puede ser juzgado.
Desde el punto de vista organizativo, el primer esfuerzo del INE fue presupuestal, de mil 200 millones iniciales, los redujo a 800, que, ante la negativa del gobierno federal de otorgar una ampliación presupuestal, finalmente quedaron en 500 millones de recursos propios. Con esos dineros se hizo lo posible, que no fue poco, para organizar la Consulta. De un total de 57 mil 87 mesas receptoras aprobadas, se instalaron el 99.8%, sólo no se colocaron siete. Se capacitaron 283 mil 921 personas, se entregaron nombramientos a 285 mil 450 funcionarios y se sustituyeron 8 mil 937 funcionarios por enfermedad o porque no se les ubicó.
A lo largo de la jornada apenas se registraron 476 incidentes menores. En redes sociales se denunció la anulación de boletas ante del cierre de las mesas, tal situación es que ante la baja afluencia de votantes los ciudadanos responsables de las mesas decidieron adelantar ese trabajo, lo que es una irregularidad porque debe de hacerse al cierre de la recepción de la votación; el asunto no pasó a mayores, el INE reportó cuatro casos en los que tomaron las medidas para que eso no se diera. Fue un pequeño intento de incendio que no prosperó. Los cómputos en las mesas receptoras se efectuaron sin incidentes.
La difusión de la consulta se realizó a través de mil 324 emisoras de TV y 2 mil 105 de radio. El número de impactos fueron en total 377 mil 833; 131 mil 306 y 246 mil 527. Íntegramente los tiempos del Estado otorgados al INE se utilizaron para difundir la Consulta Popular. El micrositio de la consulta del INE tuvo 438 mil 598 visitas, la difusión en Facebook contó con 13 millones 840 mil 118 impresiones, Instagram 55 mil 557, Twitter 4 millones 827 mil 600 impresiones, TikTok 1 millón 754 mil 985 impresiones. Se organizaron Jornadas de Diálogo sobre la consulta con invitados externos (3 nacionales. 32 estatales y 300 distritales), que fueron trasmitidas por FaceBook. Sobresale la firma de convenio del Gobierno de la Ciudad de México con el INE para difundir la consulta que proporcionó importantes espacios, sobre todo en el transporte público. Esto es parte de lo realizado por el INE en materia de difusión, el espacio de este artículo no permite reseñar todas las acciones.
La participación ciudadana en la Consulta fue del 7.1% de la Lista Nominal, equivalente a 6 millones 663 mil 208 personas. En doce entidades se superó el promedio nacional: Tlaxcala (11.66), Tabasco (11.26), Guerrero (10.85), Ciudad de México (10.38), Hidalgo (10.34), Oaxaca (10.27), Veracruz (10.09), Campeche (9.83), Morelos (8.94), Chiapas (8.69), Puebla (8.59) y el Estado de México (8.10). Por otra parte, en 20 estados de la República se tuvieron porcentajes inferiores a ese promedio, como el caso de Quintana Roo (6.71), Tamaulipas (6.49), Colima (6.48), Nayarit (5.98), Yucatán (5.94), Michoacán (5.64), Baja California Sur (5.57), Querétaro (5.36), Sinaloa (5.13), Sonora (5.11), Coahuila (5.09), Baja California (4.98), San Luis Potosí (4.88), Jalisco (4.01), Guanajuato (3.88), Durango (3,86), Aguascalientes (3.76), Nuevo León (3,47), Zacatecas (3.38) y Chihuahua (3.05). Toda esta información nos puede acercar a algunas reflexiones finales.
Conclusiones
1. Ahora, citando a otro clásico actual, muy actual “con respeto, con mucho respeto” se sugiere a los ministros de la mayoría de la Corte que no se metan a hacer política y, menos con este presidente, porque como dice el refrán popular “les volverá a comer el mandado” y eso no contribuye a la fortaleza y autonomía del Poder Judicial de la Federación, que tan relevante es para la salud de la República.
2. El INE, con el presupuesto disponible, hizo un esfuerzo organizador encomiable, ahí están los datos. No hubo casillas especiales, porque la ley no lo establece. Sobresale la firma de convenio con el Gobierno de CdMx para la difusión de la Consulta, todo dentro de la legalidad y con respeto institucional. Decir que el INE saboteo la Consulta y pretende hacer juicio político a los consejeros Córdova y Murayama, con todo y sus exabruptos, es, al menos, una desmesura. Aquí, cabe hacer algunas preguntas ¿por qué los gobernadores de Morena no tuvieron iniciativas similares a la de la Jefa de Gobierno de la ciudad capital? ¿Acaso el sabotaje vino desde la misma trinchera? o ¿sólo fue una proactividad escasa?
3. Es verdad que la participación ciudadana en la consulta estuvo lejos de los 37 millones de votantes para que fuera vinculatoria, pero. más allá del debate jurídico si se toma como un indicador cualitativo del ánimo social en relación a los expresidentes del pasado reciente, se puede deducir que la consulta ha jugado el papel de termómetro del nivel de irritación social en contra de proyecto neoliberal. Una muestra de más de 6 y medio millones de sufragantes no es algo para desdeñarse en cualquier reflexión política que busque algo de objetividad.
4. En este momento, es claro que el impulso a la realización de la Consulta Popular no buscaba obtener la mayoría necesaria para que fuera vinculatoria. Los objetivos eran fundamentalmente políticos, a “bote pronto” se pueden ubicar tres: fortalecer la legitimidad presidencial, en el tema del combate a la corrupción, la creación de una Comisión de la Verdad o Tribunal de los pueblos coadyuvará a este fin; acrecentar la fortaleza social de respaldo al proyecto de la 4T rumbo a la elección presidencial de 2024 y; mantener en actividad la estructura partidaria para operar en las elecciones del próximo año y rumbo al 2024.
