La intención del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de pagar parte de la deuda pública con recursos liberados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) entre sus integrantes es inviable porque la Ley del Banco de México lo impide. El pasado dos de agosto, el FMI aprobó una asignación general de Derechos Especiales de Giro (DEG) equivalente a 650,000 millones de dólares (mdd) para que sus miembros puedan apuntalar la liquidez mundial, por lo que el presidente de México estima que el país recibirá cerca de 12,000 mdd. Sin embargo, el artículo 20, fracción IV, de la ley de Banxico estipula que entre las divisas susceptibles de formar parte de la reserva de activos internacionales de la entidad se encuentran los DEG del FMI.
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Y las reservas del banco central tienen la finalidad de ‘coadyuvar a la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional mediante la compensación de desequilibrios entre los ingresos y egresos de divisas del país”, agrega el artículo 18 de la Ley. La Comisión de Cambios es la única facultada para decidir sobre el uso de las reservas internacionales. “Si la reserva de activos internacionales se utilizara para otro propósito, no sólo sería contrario a lo dispuesto en la propia Ley, sino que además conduciría al Banco de México a otorgar financiamiento directo a actividades ajenas a su objeto”, refiere el documento Administración de la reserva de activos internacionales publicado por Banxico en julio de este año.
Este detalle lo hizo saber el subgobernador de Banxico, Gerardo Esquivel, en su cuenta de Twitter la tarde del miércoles. Ángel García-Lascurain, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), también explicó que los DEG son activos de reservas internacionales. El FMI explica que el DEG no es una moneda, sino un reclamo potencial sobre las monedas de libre uso de los miembros del FMI.
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‘Como tal, los DEG pueden proporcionar liquidez a un país’. En su comunicado del 2 de agosto, el FMI detalla que la asignación de los DEG será el próximo 23 de agosto y que pretende cubrir parte de la ‘necesidad de reservas’ a escala mundial y a largo plazo, por lo que generará confianza y promoverá la resiliencia y estabilidad de la economía global. El presidente López Obrador ha sido insistente en su lucha en contra de la deuda pública, la cual ascendió a 12.8 billones de pesos al cierre de junio, y que representa el 52% del Producto Interno Bruto (PIB). En 2019 el nivel fue de 45.1%. Además, el costo de esa deuda representa el 3% del PIB, el nivel más alto registrado desde el año 2000. El FMI proyecta que la deuda de México represente el 63% del PIB al cierre de este año.
