El Gobierno arranca el curso político priorizando la agenda social. El primer Consejo de Ministros tras el receso estival tiene previsto aprobar el proyecto de ley de pensiones, según avanzó este lunes en el país. Una decisión clave para los ingresos de los casi nueve millones de jubilados. Las fuentes gubernamentales consultadas aseguran que no será una acción pasajera: la subida del salario mínimo interprofesional, que tantas marejadas ha provocado entre PSOE y Unidas Podemos, antes de que termine el año ya no es un tabú.
Los pronósticos de La Moncloa y organismos internacionales aventuran, salvo una mutación de la covid que trunque la salida de la crisis, que la economía tomará velocidad de crucero en el segundo semestre del año. Pero llevará su tiempo que las proyecciones macroeconómicas se aprecien en los bolsillos de los ciudadanos. Los fondos europeos, de los que España recibió a mediados de agosto los primeros 9.000 millones de euros para financiar el Plan de Recuperación, deberían contribuir al acelerón. Pero la pandemia se llevó en 2020 un 10,8% del PIB. Las expectativas de crecimiento se deben en parte a lo profundo de la caída. Por eso mismo el Gobierno planifica una hoja de ruta para tratar de combatir la desigualdad rampante que España ya arrastraba desde la Gran Recesión y que se disparó todavía más durante el Gran Confinamiento.
El primer gesto será para los pensionistas. La Moncloa cerró a finales de junio un acuerdo con patronal y sindicatos para reformar los aspectos clave del sistema vigente. La intención del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, es llevarlo al Congreso en septiembre. El Consejo de Ministros ya aprobó el 6 de julio la tramitación urgente del anteproyecto de ley que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones y que persigue acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal mediante la revisión del modelo de jubilaciones anticipadas y la introducción de mayores incentivos para retrasar el retiro del mercado laboral. Ahora regresa al Consejo en segunda vuelta —así lo exige la legislación— antes de su envío a las Cortes.
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La primera parte de la reforma de las pensiones consolida uno de los objetivos primordiales del Gobierno de coalición: derogar el escenario normativo anterior y enterrar el factor de sostenibilidad aprobado por el PP en 2013, una fórmula que adaptaba la cuantía de las jubilaciones a la evolución demográfica. Con la entrada en vigor de la nueva reforma —prevista para el 1 de enero de 2022—, el Índice de Precios de Consumo (IPC) se convertirá en el marco de referencia sobre el que pivota el cómputo de las prestaciones. Su crecimiento por encima del 0,9% previsto por el Gobierno para este año, obligará a un nuevo ajuste al alza que costará a las arcas del Estado cerca de 1.400 millones. Cuando el IPC registre valores negativos, las pensiones se mantendrán congeladas.
Siguiendo la línea social, Pedro Sánchez adelantó el domingo, durante una visita a una de las zonas afectadas por el incendio que arrasó 22.000 hectáreas en la provincia de Ávila, que el Gobierno declarará zonas gravemente afectadas por emergencia de protección civil a las comunidades autónomas que han sufrido fuegos y otras catástrofes naturales este verano. Una declaración que se debería traducir en una inyección de recursos y de ayudas millonarias para paliar los efectos del cuarto incendio más grave en la historia de España y otras crisis medioambientales similares.
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Pero la madre del cordero será la subida del salario mínimo. Aunque sea simbólica: entre ocho y diez euros. Ahora está en 950 euros en 14 pagas. Desde su primera mejora, al poco de estrenarse la coalición, se ha convertido en una de las grandes banderas sociales del Gobierno. El compromiso del Ejecutivo es que al final de la legislatura equivalga al 60% del salario medio. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido su gran valedora y a lo largo de los últimos meses ha chocado con la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para incrementarlo este ejercicio.
Tras meses de desacuerdo, en los que el Gobierno ha demorado la mejora del salario mínimo frente a las presiones de Unidas Podemos y de los sindicatos, el momento de revisarlo parece cada vez más próximo. En los últimos días, los dos socios del Gobierno han acercado posturas. Calviño, que en julio advertía de la “elevada incertidumbre”, auguró la semana pasada que el rebote de la economía permitirá “recuperar cuanto antes” el aumento del salario mínimo. En Unidas Podemos son tajantes: no se puede retrasar más.
Otra prioridad del Ejecutivo es engrasar la cobertura del ingreso mínimo vital. Un ejemplo: 320.000 hogares, en los que viven unas 800.000 personas, se beneficiaron en junio de la prestación. El objetivo es cubrir a 2,3 millones, un 30% menores.
El Gobierno también está resuelto a combatir la temporalidad y contratos precarios en la administración pública. La apuesta es hacer fijos a 300.000 interinos que ocupan plazas estructurales. Se concentran en la educación y sanidad de las comunidades autónomas.
Vivienda y luz
La negociación para sacar adelante una ley de vivienda que regule el precio de los alquileres, como recoge el acuerdo de Gobierno, y que durante meses ha estado estancada, se barrunta más endiablada. Unidas Podemos quiere fijar un techo a los alquileres en las zonas tensionadas y el PSOE es partidario de ofrecer beneficios fiscales a los propietarios.
Donde no hay ningún consenso dentro de la coalición es en cómo atajar la escalada de los precios de la luz. Unidas Podemos propuso este lunes limitar el precio de la energía nuclear y la hidroeléctrica mediante decreto. No es la primera vez que el socio minoritario del Ejecutivo apremia a actuar por decreto contra la subida de la luz. Ya lo planteó para aprobar de inmediato, y no mediante un trámite parlamentario más arduo, la reducción de las bonificaciones a las eléctricas.
El PSOE no ha variado su postura. La UE ha subrayado que los picos del precio de la luz serán inevitables. Los socialistas estiman que la apuesta por las energías renovables se notará en una bajada progresiva de la factura eléctrica. Y en La Moncloa ven el horizonte despejado más de dos años. Sánchez ya ha dejado claro que no pretende adelantar las elecciones generales, y serán a finales de 2023.
Los ERTE, a expensas de la recuperación
La prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vence el 30 de septiembre. El Gobierno aún no tiene decidido si los mantendrá, aunque las fuentes consultadas confían en que dejen de ser necesarios ante la evolución de la economía. Los datos de julio ya fueron positivos, con más de 19,5 millones de afiliados y casi 200.000 parados menos que en junio. Agosto parece que cerrará con unos 80.000 afiliados más. Los ERTE protegieron 3,6 millones de empleos en lo más crudo de la pandemia. Más de 330.000 personas se seguían beneficiando de la cobertura en julio. Su coste era de 18.294 millones en mayo.
