José Luis Puerta (57 años), fiscal de Menores de Ceuta, no es ajeno al embrollo legal que supone el cierre de la crisis migratoria abierta por Marruecos en mayo, cuando más de 12.000 personas entraron a Ceuta en dos días. En el éxodo, unos 1.500 niños cruzaron solos la frontera. Más de 700 permanecen bajo la tutela de la Administración de la ciudad autónoma, que ha puesto en marcha con Interior unas devoluciones supuestamente sin garantías jurídicas y que están pendientes de resolución en los tribunales.
El fallo podría conocerse estos días y dar vía libre, de nuevo, a un proceso ante el que Puerta se opone frontalmente. “Si no nos dan la razón, estudiaríamos recurrir si se reactivan las repatriaciones”.
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Pregunta. ¿Cómo debería haberse planteado este proceso?
Respuesta. La salida de los menores de Ceuta hacia Marruecos supone una repatriación. El expediente aparece como requisito en la ley y en el Reglamento de Extranjería, exigiendo que sea individualizado y que se tengan en cuenta sus circunstancias personales y familiares en Marruecos. Su instrucción corresponde a la Delegación del Gobierno. En ese expediente administrativo hay que oír al menor, a la entidad pública de protección de menores y también al fiscal. El acuerdo hispano-marroquí al que se ha hecho referencia dice que es posible la repatriación de estos menores, pero de acuerdo con las leyes nacionales y la normativa internacional, como la Convención de los Derechos del Niño. El fiscal habría tenido que intervenir en ese procedimiento de repatriación. Como no hay expediente administrativo y no hay resolución administrativa, no puede procederse a la devolución o a la repatriación.
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P. Sin embargo, sí se han realizado reagrupaciones familiares con conocimiento de la Fiscalía.
R. Las reagrupaciones no son una repatriación. La familia viene [a Ceuta] y se puede entregar al niño si la entidad pública de protección considera que el interés superior del menor así lo exige. De hecho, así ha sido, pero en la Península.
P. ¿En algún momento se planteó que fuesen las familias quienes viniesen a Ceuta a recoger a los niños?
R. Históricamente, la ciudad autónoma sí tenía ese procedimiento. Teniendo la frontera tan cerca, en situaciones normales, la familia comparecía ante la entidad pública de protección de menores, el menor expresaba su consentimiento y el padre, o la madre o la persona que fuera, se comprometía a cuidar del menor. Este sistema se ha estado siguiendo hasta que se cerró la frontera. [Entre los menores llegados durante la crisis de mayo] había cinco niñas que querían volver a Marruecos y se intentó utilizar este sistema. Como las autoridades marroquíes no les dejaban entrar en España, ni siquiera a efectos de recogerlas, las autoridades ceutíes se trasladaron hasta la frontera y se intentó esa reagrupación, pero la parte marroquí no estaba conforme o no dio facilidades. Aunque estaban las familias al otro lado, no se las pudo repatriar.
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P. ¿Ha prevalecido la prisa? ¿Se podría haber seguido el procedimiento de repatriación que marca la Ley de Extranjería?
R. Sí, claro. Si ha habido prisa hay que hablarlo con Interior y con el Gobierno de Ceuta. Se ha hablado de situación “de emergencia”, pero Ceuta no era ajena a la saturación de sus servicios por el número de menores marroquíes tutelados; de hecho, como Melilla y Andalucía, al menos desde 2018 se ha solicitado la activación del acuerdo. Que de la noche a la mañana se pase de 200 a 1.200 sí es una situación que no se había producido y materialmente es imposible darle una solución inmediata. Los primeros días se planteó el problema incluso de darles de comer.
P. ¿Qué solución alternativa había a las repatriaciones?
R. La única solución es derivarlos, no sé si a la Península o dentro de la Unión Europea, porque aquí no hay sitio. En Marruecos, la repatriación por el sistema ordinario puede durar uno o dos años. ¿La solución? Tienen que salir de aquí. Si a Marruecos no puede ser, tendrá que ser a otro lado.
P. Marruecos ya se quejaba en junio de que si los menores no regresaban era por la lentitud de la burocracia española.
R. Nosotros tenemos nuestra legislación que nos obliga a seguir este trámite administrativo. Es mucho más rápido entregarlos y ya está, claro. Pero que la aplicación del acuerdo suponga inmediatez, o que en base al mismo se pueda coger a un menor y ponerlo en la frontera, no sé ellos cómo lo han deducido.
