La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha tendido este miércoles la mano al presidente murciano, Fernando López Miras. Por el anuncio de que prohibirá el uso de fertilizantes nitrogenados inorgánicos en toda la zona más cercana al mar Menor y que acelerará la resolución de los expedientes sancionadores. Sin embargo, la ministra también ha reprochado que la medida llega con un año de retraso. Y que el Ejecutivo murciano no haya cerrado todavía las explotaciones ilegales del área. “Hay que empezar luchando contra aquello que es ilegal porque es muy frustrante trabajar y que no se note”, ha apuntado. “No es posible que por miedo de aplicación de la ley” unos pocos contaminen el mar Menor y “no caben disculpas. Ya está bien de mirar a otro lado”, ha añadido.
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El Ejecutivo murciano ha anunciado este miércoles que prohibirá el uso de fertilizantes inorgánicos con nitrógeno en toda la zona 1 del mar Menor, la más próxima al litoral, según ha informado la Consejería de Agricultura. Así, se unifican las normas para toda la zona 1, donde no podrán usarse ese tipo de fertilizantes, sino que deberán emplear otros orgánicos que captan el nitrógeno del suelo. Se busca así evitar el riesgo de contaminación por nutrientes de origen agrario provocados por las escorrentías (agua de lluvia que circula sobre la superficie de un terreno) durante las tormentas y temporales.
La Ley 3/2020 del mar Menor ya vetaba este tipo de fertilizantes en la franja de 500 metros desde la orilla del mar, pero en la siguiente franja —de 500 a 1.500 metros— se permitían algunas excepciones; ahora se aplicará la prohibición de los hidrogenados a toda la zona 1, que alcanza los 1.500 metros e incluye los términos municipales de San Pedro, San Javier, Los Alcázares y La Unión. La iniciativa se incluirá en el nuevo decreto ley que anunció el presidente Fernando López Miras el pasado viernes y que aplicará nuevas medidas para la zona.
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A pesar de no conocer todavía los detalles, Teresa Ribera ha considerado que es un plan positivo, pero más importante aún es “acelerar los expedientes sancionadores a las explotaciones agrarias que están realizando actividades ilegales, que representan una superficie de 8.000 hectáreas”, bien porque no tienen títulos de riego o bien porque emplean un volumen de agua muy superior al permitido. En este sentido, ha destacado que hay unos 400 expedientes sancionadores en proceso, de los cuales aproximadamente la mitad están ya en sede judicial, mientras que la otra mitad todavía están pendientes de resolución por parte de la comunidad autónoma. “Hay que actuar en el origen del problema”, ha resumido la ministra.
La titular de Transición Ecológica ha apuntado que es fundamental poner en marcha el filtro y el corredor verde, una especie de humedales naturales con plantas que servirían de filtro natural y ayudarían a que el agua de la agricultura llegara más limpia al mar Menor. Esta es una de las medidas propuestas por las organizaciones ecologistas con las que se ha reunido este miércoles. Para ello, Ribera se ha abierto a la posibilidad de que el ministerio intervenga con compras de fincas o el pago por servicios ambientales a propietarios de agricultura intensiva que, sabiendo las limitaciones existentes, quieran plantear otro uso.
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La socialista ha lamentado no haberse podido reunir con las organizaciones agrarias de la zona, pero ha anunciado que lo hará más adelante, probablemente la próxima semana. Además, ha señalado que el ministerio ha hecho un refuerzo en la aplicación de las normas, ha declarado el acuífero en riesgo químico y ha realizado importantes inversiones en la rambla del Albujón.
En cuanto a las críticas del Gobierno murciano exigiendo al Estado que aplique el Plan de Vertidos 0 de Mariano Rajoy, la ministra ha señalado que se trata de un plan ya desfasado. “Lo que hay que hacer es frenar el origen del problema y seguimiento de las actuaciones con una vigilancia constante”, ha dicho. “Es importante que cada cual ejerzamos nuestras competencias. No existe ese debate [por las competencias]. Quien lo intente utilizar juega en falso, como hemos visto esta mañana”, en referencia al anuncio que ha hecho López Miras.
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En su reunión de esta tarde, Ribera le va a trasladar tres mensajes al presidente murciano: que no es tolerable no completar los expedientes sancionadores. La total disponibilidad del Estado para recuperar el ecosistema y mantener un diálogo más fluido. “Estamos a tiempo de salvar el mar Menor”. Además, el Ministerio de Agricultura será más exigente con todo tipo de prácticas agrícolas para preservar el buen uso del suelo.
La visita se produce cuando se cumplen 10 días de la aparición de los primeros peces muertos en las playas de la laguna salada, y con el ambiente caldeado entre organizaciones ecologistas, vecinos, oposición política, Gobierno autonómico, agricultores y pescadores. La ministra ha visitado las zonas donde aparecieron peces y se ha detenido en la rambla del Albujón, que según datos del Ejecutivo murciano vierte cada día 30 millones de litros de agua dulce y cinco toneladas de nutrientes al mar Menor. Las explotaciones agrarias del Campo de Cartagena están conectadas a este canal, por donde drena toda la cuenca.
Contaminación por nitratos
Ramón Pagán, químico y miembro de la plataforma Pacto por el mar Menor, señala que la prohibición anunciada por el Gobierno murciano no solucionará los problemas de la laguna. “Mientras se sigan utilizando abonos continuará la contaminación. Da igual si los abonos son orgánicos o inorgánicos, porque todos antes o después se diluyen y llegan al mar Menor. La solución es dejar de abonar en una amplia franja”, explica.
El Ejecutivo murciano pretende además actuar sobre el acuífero y las ramblas que descargan en el mar Menor, cargadas de nutrientes de los productos utilizados para abonar las cosechas. Además, pide drenar la gola del Marchamalo (canal artificial que conecta la laguna con el Mediterráneo), que está llena de sedimentos. Una medida muy contestada por los expertos, que se preguntan qué impacto va a tener eso en el Mediterráneo, un mar ya muy contaminado.
Juan Manuel Ruiz, profesor de investigación del Instituto Español de Oceanografía-CSIC y experto en la laguna, considera que esta última medida no es razonable: “Es un paliativo cortoplacista, que no tiene mayor pretensión que aliviar el episodio de ahora”, declaró este martes a Columna Digital. “No actúan en el origen del problema. Estamos hablando de toda la masa sur y centro de la laguna, que es enorme, y pensar que un pinchacito en el canal de Marchamalo va a solucionarlo es ridículo. Si se hubieran empezado a regular los vertidos agrícolas de verdad, igual no habríamos visto este desastre”.
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Mientras, la plataforma Sos Mar Menor, que aglutina a varias ONG, ha pedido la creación de una comisión para coordinar el trabajo de Gobierno central y la comunidad para la recuperación de la laguna. Las organizaciones WWF y ANSE, miembros de la plataforma, han solicitado a Ribera que declare como obras de emergencia la paralización del vertido de aguas de drenaje en el mar Menor así como la creación del filtro verde que frene la contaminación superficial de la laguna salada.
Las dos entidades le han expresado a la ministra su rechazo a las propuestas del Gobierno de Murcia porque consideran que son “inútiles” para resolver la situación y que pueden “agravar los impactos ambientales que ya sufre el espacio”. Además, le han manifestado su oposición a la cesión de competencias en materia de costas a la comunidad. Por su parte, Ecologistas en Acción y la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), también miembros de la plataforma, han propuesto que el ministerio compre parcelas de regadío intensivo en el entorno de la laguna para crear un cinturón verde.
Por último, el defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, se ha dirigido al Ministerio para la Transición Ecológica y a la Consejería de Medio Ambiente de Murcia para conocer las actuaciones que están llevando a cabo para la restauración del Mar Menor y las que prevén realizar en un futuro.
