La tramitación de los expedientes de repatriación de los menores marroquíes bloqueados en Ceuta podría alargarse entre seis meses y dos años, según los cálculos de la ONG Save The Children y la Fiscalía de Menores de la ciudad autónoma. Durante ese tiempo, Ceuta deberá gestionar la acogida de más de 700 niños bajo su tutela después de que el Ejecutivo autónomo haya descartado su derivación a recursos de la Península. Tanto el ministerio público como organizaciones de defensa de la infancia insisten en que la situación desborda los recursos de la ciudad. “Si lo que se prevé es que los niños se queden mucho tiempo, se van a necesitar recursos para atenderlos”, apunta Catalina Perazzo, directora de incidencia social y política de Save The Children.
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“Tenemos que poner en marcha el Reglamento de la Ley de Extranjería, donde hace falta una evaluación muchísimo más estricta”, reiteró ayer en Radio Nacional la consejera de Presidencia ceutí, Mabel Deu. La decisión, adoptada tras un varapalo judicial que mantiene paralizadas las devoluciones, deja en papel mojado el Acuerdo hispano-marroquí invocado por el Gobierno ceutí y el Ministerio de Interior como marco normativo ágil y rápido para proceder a las repatriaciones de los menores que accedieron a Ceuta durante la crisis migratoria desatada por Marruecos entre el 17 y el 19 de mayo.
Un juzgado ceutí decidió el martes mantener las medidas cautelares que evitaron la devolución de ocho niños que iban a ser repatriados. El auto apuntaba a la inexistencia de expedientes individualizados de los 55 menores que fueron trasladados a Marruecos en desde el 13 al 16 de agosto. A la luz de la resolución, el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pactaron el miércoles acelerar la tramitación de los expedientes para proseguir con las devoluciones.
En febrero
Las previsiones más optimistas señalan un horizonte que apunta a febrero para concluir los informes individualizados que exige la ley para determinar, en primer lugar, el interés superior del menor. “Pero hacen falta recursos”, advierte Catalina Perazzo. “Y todo este procedimiento no tiene por qué hacerse solo en Ceuta. Se puede declarar en desamparo a los niños y trasladarlos a las distintas comunidades autónomas para que tengan una acogida digna”.
Perazzo apunta a que este es el trabajo que ya venía realizando la organización en convenio con el Área de Menores desde mayo. En un primer momento contaban con solo dos personas para realizar entrevistas individuales a más de 700 niños y niñas bajo tutela de la administración. El equipo tuvo que ampliarse con diez especialistas que pudiesen comunicarse con los chavales en dariya, el árabe dialectal de la región fronteriza con Ceuta.
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Según cifras avanzadas por Deu, en tres meses se habían conseguido cerrar 354 entrevistas y unos 88 informes de evaluación socioasistencial. Uno de cada cuatro casos analizados por Save The Children responden a un perfil grave de vulnerabilidad, como maltrato, abusos o explotación sexual. Esto no quiere decir, apunta Perazzo, que no se puedan detectar otros más sutiles, como casos de identidad sexual o de género. Al menos 25 menores fueron, además, reagrupados con familiares en Ceuta o en la Península. En este tiempo, sin embargo, no se había iniciado el procedimiento que marca el Reglamento de Extranjería para las repatriaciones y que requiere la iniciativa de la Delegación del Gobierno para incoar los expedientes.
Tras una reunión con Vivas, Sánchez anunció un refuerzo de personal para proceder a las devoluciones cuanto antes. También se descartó trasladar a los niños a la Península. Pese a tratarse de una “cuestión de Estado”, según la vicepresidenta ceutí: “Tampoco vamos a trasladar más problemas a las comunidades autónomas”.
