—¿Estás viendo lo de Kabul?
—Sí, es de locos.
—Me da una pena pensar en las mujeres que viven allí y en las niñas y en los niños…No dejo de pensarlo. ¿Qué les va a pasar?
—Pues justo lo que estás pensando. ¿Sabes que hay un documento que se puede firmar para ofrecer tu casa a mujeres afganas? ¿Quieres que te lo mande y lo firmas o que te firme?
— Hazlo. Lo mismo llegado el momento podemos ayudar a alguien.
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El 26 de agosto, esa mujer de 58 años de un pequeño pueblo del interior de la península escribió a su hija por WhatsApp mientras estaba delante de la tele a mediodía. Se repetían las primeras imágenes del atentado de Kabul: un suicida se había inmolado entre la multitud que se concentraba en las inmediaciones del aeropuerto de esa ciudad para intentar salir de Afganistán. Esa tarde, ella fue una de las 3.214 personas que hasta este 30 de agosto han firmado el documento de la campaña #YoAcojo, lanzada a través de redes sociales a mediados de este mes, y que este lunes, algunas de sus promotoras (entre ellas Cristina Fallarás, Semíramis González o Marisa Kohan), fueron a entregar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Jesús Perea, secretario de Estado de Migraciones, recibió al mediodía a las ocho mujeres que acudieron para darle el pendrive con el manifiesto y el listado de firmas. Mujeres y hombres de todas las edades. Pero sobre todo ellas. De Madrid, de Barcelona, de Sevilla, Pontevedra o Valencia, de las islas o pequeños pueblos de interior. Entre esas 3.500 personas hay empresarias, amas de casa, limpiadoras, autónomas, periodistas, actrices, abogadas, productoras, trabajadoras sociales, fiscales, jubiladas, catedráticas. También bomberos forestales, peritos, comerciales o técnicos de sonido.
Quienes ya se han adherido a ese documento, ofrecen su casa, y sus cuidados, “a las mujeres y niñas afganas en situación de extremo riesgo tras los últimos acontecimientos en este país”. La llegada, de nuevo, de los talibanes, ha dado la vuelta dos décadas en la que millones de mujeres se han graduado en las universidades, subieron a los estrados en esas aulas para enseñar, aparecieron como elegibles en las votaciones y pudieron ser traductoras, periodistas, médicas.
Una vuelta de dos décadas
El regreso de los talibanes es “catastrófico para las mujeres”, escribía en este diario hace unos días Lynsey Addario, periodista gráfica en Afganistán durante dos décadas. Ahora teme que las mujeres se arriesguen a perder todo lo ganado en libertad y derechos. Las mujeres se esconden en sus casas, muchas ya han renunciado a sus trabajos.
Con este nuevo presente, las firmantes “exigen que España y la Unión Europea reconozca el derecho de asilo de estas mujeres, cumpliendo la normativa internacional de derechos humanos y la Convención de Ginebra de 1951”. “Europa debe corresponsabilizarse de la situación”, afirman. Así, ponen sus casas “a disposición de Ayuntamientos y comunidades autónomas para generar espacios seguros de acogida y cuidados”.
Perea, el secretario de Estado de Migraciones, celebra la colaboración entre la sociedad civil y las administraciones, que calificó de “imprescindible”. Cree que esta es una buena oportunidad para revisar de forma íntegra el sistema de acogida: “España tiene un buen modelo comparado con otros países de Europa occidental, pero si detectamos malas prácticas hay que revisarlas. Hay que romper las sinergias que son malas”.
Las mujeres de este manifiesto piden que esas vías legales y seguras para que las mujeres afganas y el resto de las personas en peligro puedan salir de Afganistán, viajar a Europa y pedir protección, los corredores humanitarios, se creen “de manera urgente”. Sin estas medidas, dicen, “estas personas no podrán salir de su país o se verán obligadas a hacerlo a través de rutas migratorias inseguras en las que pueden sufrir todo tipo de abusos”.
El riesgo de no abrir las fronteras
Según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), “la decisión de los países de la UE de blindar las fronteras y no ofrecer vías legales para solicitar asilo provoca que la mayoría tenga que arriesgar su vida en el mar, sortear vallas y alargar su recorrido”. El cálculo de esta organización es que “al menos 2.276 personas perdieron la vida en 2020 tratando de alcanzar costas europeas” y estiman que “al menos 40.000 personas habrían muerto en esta ruta” en lo que va de siglo XXI.
España, según esta misma entidad, tuvo el año pasado una media de resoluciones favorables a las solicitudes de asilo muy por debajo de la europea: un 5% frente al 33% del conjunto de países de Europa. Eso, a pesar de que en 2020, debido “en parte al impacto de la pandemia”, se registraron 88.762, un 25% menos que en 2019; y hubo un récord de resoluciones de expedientes, con 114.919, incluyendo los acumulados de otros años.
