Un tribunal de distrito de Hong Kong ha condenado este miércoles a entre 11 y 16 meses de cárcel a siete activistas prodemocracia por su participación en una manifestación no autorizada el 20 de octubre de 2019, cuando miles de personas salieron a la calle para mostrar su rechazo al proyecto de la temida Ley de Seguridad Nacional. Las protestas fueron dispersadas por la policía con gases lacrimógenos y cañones de agua.
Los activistas Figo Chan, fundador del ahora disuelto Frente Civil de Derechos Humanos (CHRF, por sus siglas en inglés), Raphael Wong y Avery Ng, del partido Liga de los Socialdemócratas, y los ex parlamentarios Cyd Ho, Yeung Sum, Albert Ho y Leung Kwok-hung, se habían declarado culpables de los cargos de organizar e incitar a la participación en esa manifestación considerada ilegal por las autoridades hongkonesas. Todos los acusados, excepto Raphael Wong, estaban ya encarcelados cumpliendo penas de prisión en relación con otros casos incoados por el mismo delito.
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Estas condenas, las más recientes contra quienes se manifestaron en 2019, se han dictado en virtud precisamente de esa Ley de Seguridad Nacional, en vigor desde julio de 2020, contra las que protestaron miles de hongkoneses, incluidos los ahora condenados. Los activistas prodemocracia llamaron a la población a manifestarse ―en algunos casos, las protestas degeneraron en incidentes violentos— al considerar que esa norma legal es represiva y conculca en la práctica la promesa de respetar las libertades en la ciudad autónoma que Pekín formuló cuando la antigua colonia británica le fue devuelta en 1997.
Los críticos de la ley consideran que su fin último es acabar con la disidencia en Hong Kong, una afirmación que rechazan las autoridades de China continental y de la propia ciudad. La juez que dictó este miércoles sentencia contra los siete acusados, Amanda Woodcock, defendió la condena precisando que, aunque la miniconstitución del enclave financiero “garantiza la libertad de reunión, procesión y manifestación”, esos derechos “no son absolutos”.
“Las restricciones se aplicaron en interés de la seguridad pública, el orden público y la protección de los derechos y libertades de los demás”, aseveró la jueza.
Los activistas y opositores hongkoneses disintieron inmediatamente de ese argumento. Fuera del tribunal, una vez concluida la audiencia, Chan Po-ying, presidenta de la Liga de Socialdemócratas afirmó: “Esperamos que todo el mundo entienda que esto es una persecución política”.
Desde la promulgación de la Ley de Seguridad Nacional en la Asamblea Nacional en Pekín, el 30 de junio de 2020, y hasta el pasado julio habían sido detenidas en Hong Kong 117 personas por cargos contemplados en ella, de las que al menos 64 han sido ya acusadas formalmente. El principal periódico de oposición, el Apple Daily, ha cerrado debido a las presiones recibidas. Cerca de una cincuentena de los principales activistas y políticos prodemocracia que participaron en unas elecciones primarias informales se encuentran en la cárcel, mientras que aquellos aún en libertad han optado por mantener sus actividades y declaraciones públicas al mínimo. Miles de personas han optado por el exilio.
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Los efectos de la ley comenzaron a notarse de inmediato una vez fue promulgada. Pese a que las autoridades en Hong Kong habían asegurado que no tendría efectos retroactivos, ya el primer día de su entrada en vigor, el 1 de julio del año pasado, una decena de personas quedaron detenidas. El primero de estos detenidos, Tong Ying-kit, acusado de hacer chocar una moto contra un grupo de policías mientras hacía ondear una bandera con lemas independentistas ― (“liberar Hong Kong, revolución de nuestra era”, el eslogan de las manifestaciones de 2019)―fue condenado el 30 de julio a nueve años de cárcel.
“En un año, la ley de seguridad nacional ha puesto a Hong Kong en una vía rápida para convertirse en un Estado policial y ha creado una emergencia de derechos humanos para quienes viven allí”, declaró entonces Yamini Mishra, directora regional de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía.
