La exhibición de músculo reaccionario en el Capitolio de Texas durante este año ha sido drástica, bajo el control de una de las corrientes más conservadoras del Partido Republicano de Estados Unidos. Ha aprobado leyes que eliminan el requisito del permiso para llevar armas, recortan severamente las facilidades para ejercer el voto o prohíben la historia del racismo en el currículum escolar. Es propiamente una guerra ideológica que culmina ahora con la restricción casi total del derecho al aborto. La derecha religiosa más fanatizada ha impuesto su criterio y sienta un inquietante precedente legal ante la pasividad de un Tribunal Supremo de mayoría conservadora.
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La norma, en vigor desde miércoles, sigue la doctrina del latido y considera que los primeros impulsos detectados pueden ser la señal de un corazón de un niño. Eso puede ocurrir tan pronto como a las seis semanas de gestación, cuando una mujer puede ni haberse dado cuenta de que está embarazada. La ley convierte además a todos los implicados en un aborto en cómplices de un delito y a todos los antiabortistas en delatores. Cualquier ciudadano puede denunciar al médico o incluso al taxista que traslade a la paciente, y recibir una recompensa por ello si gana el caso.
Apenas un 20% de los norteamericanos se declaran en las encuestas partidarios de prohibir el aborto, legalizado por una sentencia del Supremo en 1973. Pero es ese segmento de población, identificado con la derecha religiosa, el que garantiza la movilización de los republicanos en las elecciones, sobre todo locales y estatales. La amenaza del auge del voto urbano y de minorías está llevando a los republicanos a ser cada vez más indulgentes con el extremismo ultraconservador. Es una dinámica tóxica con aroma electoralista en busca de resucitar el éxito de Trump. Esa huida hacia la derecha la van a pagar en carne propia las mujeres.
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Otros Estados habían aprobado leyes híperrestrictivas, pero ninguna se había llegado a aplicar por la intervención de la Justicia. La ley de Texas entró en vigor después de que el Tribunal Supremo rechazara su suspensión cautelar, en una decisión de la mayoría conservadora (5-4) fabricada por los republicanos tras bloquear la renovación del órgano durante la presidencia de Barack Obama. La ley estaba cuidadosamente diseñada para eludir los precedentes. La minoría del Alto Tribunal, y hasta el presidente Joe Biden, han denunciado que la ley es anticonstitucional. Pero desde el miércoles y hasta que eso se decida, se aplicará una aberración legislativa que elimina de facto cualquier posibilidad de abortar en Texas (30 millones de habitantes) y condena a las mujeres a huir a otros Estados cercanos o jugarse la vida en la clandestinidad.
