Las investigaciones por el presunto cobro de comisiones de Juan Carlos I en las obras del AVE a la Meca construido por un consorcio de empresas españolas liderado por OHL llevan más de tres años en el ámbito judicial. Hasta recalar en la Fiscalía del Tribunal Supremo, debido a la condición de aforado del rey emérito, las pesquisas han pasado antes por la Audiencia Nacional y por la Fiscalía Anticorrupción.
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En septiembre de 2018, el exjuez de la Audiencia Nacional Diego de Egea sobreseyó provisionalmente la pieza Carol en la que se investigaba las grabaciones del excomisario de policía José Manuel Villarejo a Corinna Larsen, examiga de Juan Carlos I, en las que esta lo acusaba de cobrar comisiones por dicha obra.
El magistrado y los fiscales consideraron los indicios que aportaban esas grabaciones como “extremadamente débiles” y coincidieron en asegurar que el supuesto pago de comisiones por dicha obra, de haberse producido, tuvo lugar antes de la abdicación del anterior jefe del Estado por lo que estaría cubierto por la inviolabilidad que establece la Constitución.
La Fiscalía Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón pidió, también, el archivo provisional, pero anunció que abriría unas diligencias de investigación por un presunto delito de corrupción en transacciones internacionales, es decir por el supuesto cobro de comisiones del rey emérito. Desde entonces, los fiscales han tomado declaración a Larsen y a otros testigos e investigado a Juan Carlos I por el presunto cobro de comisiones en las obras del segundo tramo del AVE entre Medina y La Meca en Arabia Saudí.
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Casi al mismo tiempo que el juez De Egea archivaba el caso en España, la Fiscalía de Suiza, como adelantó Columna Digital el 4 marzo de 2020, abría una investigación sobre una donación de 65 millones que recibió Larsen desde una cuenta de Juan Carlos I a nombre de la fundación panameña Lucum en el banco Mirabaud & Cie en Ginebra. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón y Anticorrupción pidieron al fiscal suizo Yves Bertossa la información que había obtenido sobre los 65 millones recibidos, el 8 de agosto de 2008, por el entonces jefe del Estado del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí.
En marzo de 2020 y ante el avance de las investigaciones de Anticorrupción, el ministerio público decidió trasladar a la Fiscalía del Tribunal Supremo todas sus indagaciones al afectar a un aforado que ya no es inimputable. Entonces, la Fiscalía informó que la investigación se centra en “delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos” que ocurrieron con posterioridad al mes de junio de 2014, fecha de su abdicación. La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado puso al frente de las pesquisas al teniente fiscal Juan Ignacio Campos, especialista en delitos económicos.
Indicios de presuntos delitos
En las investigaciones iniciadas por Luzón y su equipo ya se descubrieron indicios que apuntaban a presuntos delitos de blanqueo de capitales, prevaricación, tráfico de influencia y delito fiscal, los mismos de los que la Fiscalía del Supremo ha informado en varias ocasiones. El objetivo principal era seguir los movimientos del dinero que manejó el rey emérito dentro y fuera de España y las indagaciones han derivado en tres diligencias de investigación diferentes.
La primera se centra en un informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de capitales (SEPBLAC), la Unidad de Inteligencia Financiera de España, en la que se alertó de que el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, residente en el Reino Unido y fundador del grupo de inversión BK Partners, envió entre los años 2017 y 2018 seis transferencias a nombre de Nicolás Murga Mendoza, excoronel del Ejército del Aire y ayudante de Juan Carlos I. Una parte de esos pagos se transfirió a cuentas de titulares de la familia real o a personas cercanas a su entorno. La Fiscalía ha tomado declaración al empresario y al exmilitar. El primero asegura que eran donaciones al rey emérito.
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Las segundas diligencias de investigación se centran en la Fundación Zagatka de Álvaro de Orleans, primo lejano del rey emérito, que pagó más de ocho millones de euros en vuelos privados de Juan Carlos I y otros tres millones, de Corinna Larsen. Esta última los devolvió a requerimiento de Orleans. En esta fundación Juan Carlos I figuraba como tercer beneficiario en el supuesto que Orleans y uno de sus hijos fallecieran. En cuarto y quinto lugar aparecían Felipe VI y sus hermanas. Tras desvelar este diario que el exjefe del Estado figuraba como beneficiario de esta fundación de Liechtenstein que movió 14 millones, la Casa Real anunció la renuncia de Felipe VI a cualquier herencia de su padre y la retirada a este de su asignación económica.
Una tercera investigación de la Fiscalía del Tribunal Supremo se centra en un trust (instrumento financiero para ocultar a los beneficiarios de una cuenta o herencia) que movió 10 millones en la isla de Jersey descubierto por el SEBPLAC. El entorno del rey emérito niega relación con estos depósitos.
Estas diligencias de investigación, todavía sin concluir, ya que se han enviado comisiones rogatorias a varios países, entre otros Suiza y Arabia Saudí, pueden concluir en el archivo o en la presentación de una querella criminal en el supuesto de que se acrediten los indicios de delito investigados.
