El Gobierno de Boris Johnson decidió rescatar su discurso en defensa de la responsabilidad individual frente a la pandemia cuando el 19 de julio proclamó el “día de la libertad”. Había llegado el momento de que los ciudadanos ejercieran su sentido común, en vez de que el Estado restringiera libertades de un modo coercitivo.
Hoy no llegan a la mitad los usuarios del transporte público que usan mascarilla, y difícilmente se ve alguna en los centros comerciales. Las cifras de contagios, después de un breve espejismo de verano, se han disparado: más de 38.000 este jueves. No ocurre lo mismo con las muertes. Justo después del último puente vacacional, el pasado fin de semana, el número fue de 207. Era el más elevado desde el pasado marzo, pero tenía mucho que ver con el retraso en la contabilidad que ocasionan los días festivos. Este jueves, la cifra era de 178. Muy alejada de los casi mil diarios que se registraron el pasado enero, durante la última ola.
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En las próximas semanas, cuando el regreso a las aulas y a las oficinas incremente las posibilidades de transmisión, podrá comprobarse si la variante delta del virus lleva camino de desbocarse y trasladar nuevas tensiones a un sistema público de salud que, de momento, aguanta sin problemas. Será el momento en que el Reino Unido deba decidir si quiere ser de nuevo un experimento que el resto del mundo observe desde la distancia o si lo inteligente es poner la venda antes de que la herida supure. Es decir, si mantiene a toda costa su libertad recobrada o impone nuevas restricciones sociales que permitan controlar un invierno que puede resultar complicado.
“Afortunadamente, hemos superado el punto crítico de la pandemia. Ha llegado el momento de recuperar los poderes excepcionales que, de modo poco inteligente, fueron entregados al Gobierno”, ha escrito en su cuenta de Twitter el diputado conservador David Davis, uno de los cabecillas de la rebelión en las filas del partido del Gobierno contra las restricciones sociales.
El diario The Financial Times ha anticipado este viernes que Downing Street se dispone a impulsar en la Cámara de los Comunes, en cuanto se reanude a mitad de mes el periodo de sesiones, nueva legislación para prorrogar los poderes de emergencia que se aprobaron al inicio de la pandemia. Es el modo de asegurar cobertura jurídica a nuevas limitaciones, si la pandemia vuelve a descontrolarse.
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Más de un 76% de la población adulta ha recibido ya la pauta completa de vacunación, y es evidente que la campaña de inmunización ha cambiado las tornas. El promedio diario de ingresos hospitalarios no supera los 800 pacientes, frente a los casi 4.000 diarios que había a principios de enero. Pero el Servicio Nacional de Salud ya vuelve a tener a más de mil personas con respiración asistida, en el final de un verano que, en teoría, anticipaba una estabilización y el principio del fin de la pandemia.
La llegada del invierno, con una población que pasará más tiempo en espacios cerrados, y una legislación vigente muy laxa, casi inexistente, en medidas de distanciamiento social, puede volver a colocar al Gobierno conservador en una situación comprometida, con escaso tiempo para reaccionar. Por eso el exministro de Sanidad —y exrival de Johnson en las primarias del partido—, Jeremy Hunt, se ha sumado a las voces que urgen a Downing Street a comenzar a preparar la campaña de una tercera dosis de refuerzo de la vacuna.
“No hay más que fijarse en lo que ha ocurrido en Israel. Allí su tasa de vacunación es incluso superior a la nuestra, con un 80% de los adultos”, ha señalado Hunt en la BBC. “Y se han dado cuenta de que la variante delta ha provocado un aumento en las hospitalizaciones. Sin embargo, dos semanas después de que impulsaran la dosis de refuerzo, los ingresos han comenzado a descender”.
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Toda la presión se ha volcado sobre el Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización (JCVI, en sus siglas en inglés), el organismo independiente cuyo dictamen espera el Gobierno de Johnson antes de tomar una decisión. No será hasta la semana que viene, cuando concluya el estudio sobre la eficacia real de una tercera dosis que está llevando a cabo la fundación del Hospital Universitario de Southampton.
El propio primer ministro admitía este viernes que el Gobierno no ha logrado impulsar con la rapidez necesaria la vacunación entre la gente joven. Apenas la mitad de los que tienen entre 16 y 17 años han recibido una primera dosis de inmunización, a pesar de que las autoridades dieron luz verde al suministro del compuesto de Pfizer a este grupo hace ya casi un mes.
