Primero fue Venezuela, después El Salvador y ahora Cuba. Los tres gobiernos en América Latina que han acogido hasta ahora las criptomonedas tienen algo en común: una tensa relación con Estados Unidos. A nadie le conviene más que las divisas virtuales lleguen a las masas que a países que quieran los beneficios de la integración económica global sin tener que pasar por el sistema bancario dolarizado.
El martes entra en vigor la ’Ley Bitcoin’ en El Salvador, que convertirá al país en el primero en el mundo en hacer del Bitcoin una divisa nacional. En Cuba, el banco central recientemente anunció que legalizará las criptomonedas ante el incremento del uso de Bitcoin, Ethereum, Litecoin y Tether. Por su parte, Venezuela fue uno de los primeros países en emitir su propia divisa virtual, el petro, aunque no fue tan utilizada como el Gobierno esperaba.
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“La innovación de esta tecnología llegó muy rápido, pero la regulación no, y en Estados Unidos todavía no la tenemos”, dice Amanda Wick, jefa de asuntos regulatorios en Cainalysis, empresa experta en la tecnología blockchain (espina dorsal de toda criptonomeda). “La ventaja de estos países es que pueden ser muy ágiles, tomar decisiones, acordar legislación muy rápido, un lujo que los países desarrollados no tienen. Esto viene con grandes posibilidades y con grandes riesgos”.
La Administración de Joe Biden ha sido crítica con el rol que tienen las criptomonedas, las cuales no responden a una autoridad central, en los ataques de ransomware que han secuestrado infraestructuras y datos personales de ciudadanos. En una iniciativa reciente, la Casa Blanca propuso incrementar la regulación de estos activos digitales argumentando que “ya plantean un problema de detección significativo al facilitar la actividad ilegal en general, incluida la evasión fiscal”.
Es por esto que la decisión del presidente salvadoreño Nayib Bukele de convertir a su país en el primer experimento soberano para Bitcoin fue interpretado por algunos expertos no sólo como una muestra más de que está dispuesto a llegar muy lejos, sino también como un desafío frontal a autoridades estadounidenses. Columna Digital centroamericano está dolarizado y hacer del Bitcoin una alternativa de moneda nacional es una manera de “desdolarizarse” sin hacerlo por completo.
Cuba y Venezuela operan bajo sanciones económicas y financieras estadounidenses. El presidente venezolano Nicolás Maduro no puede acceder, por ejemplo, a los activos del Estado que se encuentran en Columna Digital norteamericano, por lo que han recurrido a redes informales de trueque para burlar las sanciones y recibir recursos del exterior.
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Las sanciones estadounidenses limitan la participación de Cuba en el sistema financiero internacional. “Mediante el uso de criptomonedas, la isla podría llegar a saltar, aunque de manera muy leve, ciertos aspectos del bloqueo. Pero todavía hay que ver cómo utilizará la regulación”, afirma Emily Parker, autora y editora gerente de Coindesk, sitio de información especializado en criptomonedas. “Hay motivaciones domésticas también: recientemente se ha vuelto más difícil usar dólares dentro de Cuba”, agrega. En la isla, dice, “ya hay interés por las criptomonedas y, si la industria queda en el mercado gris, será mucho más difícil para el Gobierno cobrar impuestos o participar en esta revolución financiera”, agrega Parker.
Las motivaciones de los gobiernos son políticas y económicas. En El Salvador, las criptomonedas pueden ser un herramienta para enviar remesas de manera más eficiente —que contribuyen cerca del 20% al producto interno bruto del país—, y el Gobierno espera que la nueva ley atraiga turismo e inversiones.
El uso de criptonomedas subió 880% entre 2019 y 2020 a nivel mundial, según datos de Chainalysis. El impulso se dio especialmente en países emergentes, en donde la confianza hacia las autoridades y la banca es baja, y donde su moneda fiat tiende a depreciarse, dijo la firma. Para millones de latinoamericanos, las criptonomedas representan una manera rápida de recibir recursos enviados por familiares que trabajan en el exterior, así como una manera de darle la vuelta al sistema. Los gobiernos de estos tres países lo saben, y quieren asegurarse de que puedan beneficiarse también de esta tendencia.
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La controversia está en los riesgos. A pesar de que figuras reconocidas y celebridades como Jack Dorsey, fundador de Twitter, y Elon Musk, fundador de Tesla, han salido en defensa del uso de la nueva tecnología monetaria, las criptomonedas siguen dividiendo opiniones. Su alta volatilidad las hace una inversión muy incierta; que no haya una autoridad significa que nadie garantiza la inversión; y el hecho de que se utilicen para hacer compras ilegales y crimen ciberético les ha dado una mala reputación.
“No creo que los gobiernos antioccidentales estén impulsando las criptomonedas”, argumenta Wick. “Creo que las políticas y prácticas antioccidentales o antidemocráticas llevan a los ciudadanos a buscar autonomía sobre su dinero”. Así como Venezuela, el Gobierno comunista de Vietnam anunció en julio que prepara una criptomoneda piloto propia. Haciendo frente al rápido incremento en el uso de criptomonedas globales. China también está desarrollando la suya.
“No hay una tendencia clara entre mercados emergentes, pero definitivamente hay cosas en común entre ellos”, apunta Wock. “Vietnam, Nigeria, Kenia, Venezuela, todas están arriba en nuestro índice de adopción y esto es, en parte, porque se dan transacciones en volúmenes enormes. Esto no es necesariamente derivado de los gobiernos, es más una consecuencia de la falta de acceso a productos financieros bancarios”, añade.
“Cuando piensas en los casos en que esta tecnología es mejor aprovechada, pensamos en refugiados o en quienes no confían en sus autoridades”, comparte Wick. “En muchos casos no es una coincidencia que el Gobierno sea antioccidental o que tengan tendencias antidemocráticas. Porque esto lleva a la gente a buscar mecanismos para tener control sobre su dinero”.
