La investigación de una jueza de Barcelona sobre el presunto desvío de fondos públicos para internacionalizar el procés se ha trasladado ahora a Bélgica, que desde la huida del expresident Carles Puigdemont ha jugado, a su pesar, un papel central en el procés. La magistrada ha pedido a las autoridades de ese país que aporten datos sobre un supuesto informe en materia de defensa que la Generalitat encargó a una empresa belga en julio de 2015, y por el que pagó algo más de 4.000 euros. Ese es uno de los 11 contratos investigados que, supuestamente, se adjudicaron a dedo para fines que exceden las competencias del Gobierno catalán. El importe global de esos encargos se acerca al millón de euros.
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Una decena de cargos del ejecutivo autonómico vinculados a la llamada “acción exterior” de la Generalitat entre 2011 y 2017 permanecen investigados en esta causa que abrió el pasado mayo la titular del juzgado de instrucción número 18 de Barcelona, Carmen García. El exconsejero de Acción Exterior, Raül Romeva —condenado por un delito de sedición por el 1-O e indultado por el Gobierno— es uno de ellos. El origen de este nuevo frente judicial es el Tribunal de Cuentas, que al apreciar indicios de delito en contratos que “perturban la política exterior del Gobierno”, dio traslado a la Fiscalía.
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De los 11 contratos a dedo que son objeto de la causa penal, el que el Govern presuntamente firmó con la empresa belga BVBA Services ha suscitado un especial interés en la magistrada. Sospecha que ese trabajo sobre política europea de defensa pudo ser una “tapadera para sustraer dinero público”. Entre otras cosas, porque los responsables públicos “no han acreditado en modo alguno que la transferencia se haya destinado a pagar el informe”.
La opacidad, apunta, es total. “No se conoce la elaboración del informe original, ni su destino, ni su finalidad, ni quién lo tradujo, dónde está y para qué se transfirió dinero a una cuenta en el extranjero”, detalla la jueza en un auto al que ha accedido Columna Digital y en el que tramita la Orden Europea de Investigación (OEI), un mecanismo de colaboración en materia penal entre países de la Unión Europea. Fuentes judiciales aseguran que Bélgica ha admitido ya la petición y remitirá los datos.
La jueza ha pedido información sobre los responsables de la empresa BVBA Services, si sigue funcionando en la actualidad y si su objeto social está relacionado con la elaboración de informes. Este diario ha tratado de ponerse en contacto con la compañía, sin éxito. La dirección en la que figura en Bruselas corresponde a un edificio que acoge a distintas empresas. El responsable de una de ellas desconoce la existencia de BVBA. La magistrada también ha solicitado a Bélgica información sobre la cuenta bancaria donde el Govern abonó 4.132 euros y si se han producido “otras transferencias de la Generalitat” a esa misma compañía.
El papel de Cardús
La presunta contratación del informe en materia de defensa estuvo plagada de irregularidades, según la jueza. La Generalitat no mantuvo ninguna comunicación institucional o formal con la empresa ni se interesó sobre su capacidad para asumir un trabajo cuyo original, insiste, “no ha aparecido”. Esa verificación se dejó en manos, siempre según la investigación de la jueza, del sociólogo y escritor Salvador Cardús, que hizo de “intermediario”.
Cardús, que fue miembro del Consejo Asesor para la Transición Nacional, ha declarado como testigo ante la policía. Pero sus explicaciones fueron “confusas y contradictorias”, entiende la jueza. Primero reconoció haber recibido en persona el informe sobre defensa (y haber cobrado por traducirlo al catalán). Más tarde, se desdijo. Fuentes cercanas al sociólogo replican que no hubo contradicción porque Cardús se refirió a un informe, por el que sí cobró, sobre organización territorial. Las mismas fuentes admiten que en el Govern se habló sobre la necesidad de elaborar un informe sobre defensa y que Cardús contactó con “organizaciones internacionales”, que no quisieron asumir el encargo. En otro de los contratos investigados por la jueza, Cardús cobró 13.636 euros de Departamento de Presidencia en 2015 por un trabajo sobre instrumentos de cooperación internacional entre España y Cataluña.
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En 2015, la Generalitat aún no había creado un departamento específico para la acción exterior —su primer responsable sería Raül Romeva—, que estaba en manos de Presidencia. La magistrada atribuye los delitos de malversación y prevaricación a la entonces directora de Servicios de Presidència, Teresa Prohias y al secretario de la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea, Roger Albinyana, por el informe de defensa. Al exceder las competencias del Govern, el trabajo estaba “encaminado a la elaboración de estructuras de Estado” de una Cataluña independiente, según la jueza, que reprocha a los responsables públicos haber actuado de forma “opaca” y al margen de la ley.
