En un día normal, Anguismel Urdaneta estaría brincando de una hamaca a otra, jalando de la camiseta de su mamá hasta que la alzaran y pidiendo cosquillas. En una casa normal, el miedo a que se inunde no sería una constante y las pertenencias de los siete miembros de la familia no estarían amontonadas en la única cama, del único cuarto que la compone. Pero en el asentamiento irregular del 12 de Septiembre nada es normal. En la ‘invasión’ (como se conocen estos territorios) ubicada en Tibú, uno de los puntos de la frontera colombiana que más migración venezolana recibe, viven 430 familias, en casetas de lona de 7×12 metros, sin agua potable. Y muchas —la mayoría— sin luz. La de los Urdaneta está a orillas del caño que concentra las aguas fecales de toda la comunidad y, tras las lluvias, serpentea caudaloso por los hogares de los desafortunados entre desafortunados.
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El cuerpecito de la niña de menos de año y medio mide bien todas sus energías. Desde que le diagnosticaron dengue, no tiene muchas que desperdiciar. “Chss, Anguismel, no te vayas tan para allá”, grita Roselia Urdaneta, con 34 años, la matriarca. Y es que allá, a apenas dos pasos de donde acaba el lote cedido a esta paupérrima familia venezolana, siguen su curso las aguas negras, con los pañales y los restos de basura que ha ido arrastrando en el camino. Muy probablemente, también fue aquí donde el mosquito maldito encontró a su hija. Como este, hay al menos otros 11 campamentos en el Catatumbo, al noreste del departamento.
Víctor Bautista Olarte, secretario de Fronteras, Asuntos Migratorios y Cooperación de Norte de Santander advierte que es muy difícil elaborar un diagnóstico habitacional claro dada la “velocidad de la ola migratoria”. “Hay ‘invasiones’ que se desarrollaron en menos de 30 días. La situación es muy crítica. Hemos recibido alguna asistencia técnica del Gobierno, claro, pero la velocidad de las llegadas siempre ha sido mayor que los recursos disponibles y la capacidad institucional. Les hemos pedido un plan estratégico, incrementos de la fuerza pública, más presupuesto y modernización para el control territorial… Pero la realidad, y hay que decirlo con toda claridad, es que es insuficiente para la criticidad que tiene esta situación”. Según la secretaría, en menos de cinco años, se ha producido un crecimiento poblacional 20 al 30%. Hasta antes de la pandemia, la llegada de migrantes pendulares rozaba el millón mensual. “Estamos sobrepasados”, incide.
Migrantes venezolanos: un día más viviendo en un campamento irregular
“Lleva días que no come y que todo lo que le conseguimos dar lo vomita. Y las diarreas hace mucho más que no paran”, explica preocupada Urdaneta, la madre de Anguismel. “Y muéstrale tú, mamita. Muéstrale lo que te salió a ti”. Estefanía Urdaneta, tumbada en la hamaca amarilla, que en las noches hace de cama doble, levanta el brazo y una tirita ensangrentada. Debajo, un ganglio inflamado del tamaño de una canica, aún supura pus y sangre. “Este sitio lo enferma a uno”, resume Urdaneta. El olor que impregna toda la zona es insoportable. El hedor solo se confunde con la leña quemándose durante la hora del almuerzo.
La realidad, y hay que decirlo con toda claridad, es que las ayudas son insuficientes para la criticidad que tiene esta ola migratoria
Víctor Bautista Olarte, secretario de Fronteras, Asuntos Migratorios y Cooperación de Norte de Santander
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Las patologías derivadas de la insalubridad de estas viviendas se agolpan en esta región del Catatumbo. En épocas de lluvias —entre agosto y septiembre— más. “Las diarreas se duplicaron en este último mes. Y pasa lo mismo con las enfermedades de la piel”, explica Mayron Vergel, doctor de Médicos sin Fronteras. “Esta semana conté 23 malarias, pero a principios de año, que hay más vectores, sumaban hasta 150 cada siete días. Este es un clima malsano. El que llega acá, termina por enfermarse. Así esté apenas tres días”, narra. En los últimos tres años, la organización ha atendido 3.795 infecciones respiratorias, 3.107 dolencias dermatológicas y 2.671 diarreas no sangrientas, en apenas población infantil.
“Toca hacerle así”, explica Sulaith Auzaque, Coordinadora de Proyecto Catatumbo de Médicos Sin Fronteras poniéndose de cuclillas frente a la niña. Con cariño, levanta su camiseta y retuerce un poco el ombligo. “Ahora mismo no está tan grave”, concluye. “Estos días ve pellizcándole de vez en cuando y si la piel es menos elástica y tarda en volver al estado normal es que está muy deshidratada y es urgente que la lleves al hospital. Así sí la van a atender”. La madre escucha con atención subiendo a la niña en brazos.
La sanidad pública colombiana solo atiende: urgencias vitales, consultas prenatales a mujeres embarazadas y vacunación básica de los niños menores de 10 años. Pero no reparte medicación
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La sanidad pública colombiana solo presta atención a personas migrantes en tres casos: urgencias vitales, consultas prenatales a mujeres embarazadas —aunque no les entregan medicamentos ni les realizan ecografías— y vacunación básica de los niños menores de 10 años; lo que en Colombia se conoce como Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI). Esta última no incluye la inyección contra la covid-19. Aunque la iniciativa del Gobierno de Iván Duque de crear un estatuto temporal de protección para regularizar a más de un millón de venezolanos pareció abrir la puerta a esta opción, en la frontera nadie sabe nada de ellas.
En vista del limbo legal y la desprotección generalizada de esta población, más de 50 organizaciones de ayuda humanitaria internacional trabajan en la zona de Tibú. Aunque no tantas se encargan del reparto de remedios y la atención primaria. Desde finales de 2018, Médicos Sin Fronteras ha atendido 20.038 consultas a niños. Y a casi 800 embarazadas. “El estatuto temporal es el primer paso”, añade Bautista Olarte, secretario de Fronteras, Asuntos Migratorios y Cooperación del departamento, “todos los recursos en sanidad y educación parten del presupuesto de la región, que no ha aumentado conforme lo ha hecho la crisis migratoria”.
El departamento del Norte de Santander, con 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela, es la segunda barrera más peligrosa de Latinoamérica, después de la mexicana. Por aquí entraron oficialmente entre 2012 y 2020, 2.705.403 personas, según cifras de Migración Colombia. Prácticamente la mitad de ellos, según la organización Pares, Paz y Reconciliación, lo ha hecho a través de los pasos informales o ‘trochas’. A veces atravesando un río o un sendero custodiado por los trocheros, quienes marcan el peaje para pasar.
Es raro el vecino que no tenga un miembro de su familia asesinado. Los desaparecidos son lo único de lo que no se habla
El Catatumbo, una de las regiones más conflictivas, está marcado por la violencia y los ataques de grupos armados al margen de la ley que, de tan frecuentes, necesitan una referencia espacio-temporal: “El bombardeo del viernes”, “El hostigamiento del hospital”, “El feminicidio de la fiscal”, “El vídeo de las mujeres amenazadas”. “Es mejor no enojarles”, repiten varios vecinos.
