Arabia Saudí, país aliado y socio preferente de Estados Unidos, acapara todas las sospechas como rampa de lanzamiento, ideológica y material, del 11-S. Así lo creen los 1.800 familiares y amigos de víctimas del cuádruple atentado de 2001 en su reclamación de transparencia al presidente Joe Biden, mediante la desclasificación de material confidencial sobre la conexión saudí. Pero el compás de la duda traza un círculo más amplio, hasta abarcar a un sinfín de sospechosos habituales. Las preguntas alcanzan también al papel de las agencias de inteligencia a la hora de prever la masacre.
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A muchos analistas les sorprende que los servicios de inteligencia de EE UU parecieran no reparar en lo que se tramaba en Egipto y Pakistán, otros dos países aliados como Arabia Saudí. No era ningún secreto la arraigada actividad islamista en El Cairo o la efervescencia en Peshawar, cuartel general de los llamados árabes afganos, la legión de voluntarios que en los años ochenta luchó junto a los muyahidines contra el invasor soviético y que, una vez terminada la guerra —si es que ha terminado alguna vez—, regresaron a sus países de origen y esparcieron la yihad globalmente. De Argelia a Irak, de Siria a los suburbios de Bruselas colonizados por la barbarie del ISIS, una derivada ulterior de la inestabilidad que la guerra contra el terrorismo de George W. Bush provocó en la región.
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Desde la conclusión de la comisión oficial de investigación del 11-S, en 2004, “se han hallado muchas pruebas que demuestran el apoyo de funcionarios saudíes a los ataques”, explica la carta de los familiares a Biden, “pero el Departamento de Justicia y el FBI han intentado mantener esa información en secreto e impedir al pueblo americano saber toda la verdad”. La misiva, cuyo contenido fue revelado en agosto por la cadena televisiva NBC, hace referencia a otra investigación que se prolongó hasta 2016 y que apuntaría directamente a Riad, aún clasificada.
Intereses comerciales —petróleo; venta de armamento en un mercado muy competitivo…— alimentaban la fluida relación bilateral entre Washington y Riad, hasta que la presidencia de Joe Biden imprimió un giro, en febrero pasado, al desclasificar un informe de inteligencia sobre la implicación del príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, en el atroz asesinato y descuartizamiento del disidente Jamal Khashoggi, a la sazón correligionario y buen amigo de Bin Laden en sus años de juventud. El cambio de rumbo de la relación podría propiciar una mayor transparencia sobre la investigación, según distintas fuentes.
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Los nombres de los sospechosos habituales, del caudillo saudí al egipcio Ayman al Zawahiri o Jalid Sheij Mohamed, presunto cerebro del 11-S, eran desde hacía años conocidos por los servicios de inteligencia de la zona, lo que parece corroborar la inicial desatención de EE UU. Para muchos analistas en esa época, el saudí era solo un financiero, como recuerdan fuentes de inteligencia en el documental Punto de inflexión: 11-S y la guerra contra el terrorismo, recién estrenado. Coleman avisó a sus superiores de que algo se urdía, pero su advertencia cayó en saco roto, hasta que se le encomendó liderar un equipo conjunto FBI-CIA en 1996 para seguir la pista al saudí.
Solo un año después Coleman propuso un plan para sacar por la fuerza a Bin Laden de Afganistán, pero la misión no fue aprobada por sus mandos, según la comisión oficial de investigación del 11-S. Por eso tampoco pudieron impedirse los salvajes atentados contra las Embajadas de EE UU en Kenia y Tanzania en 1998, atribuidos a Al Qaeda. El rastreo de las actividades de los yihadistas prosiguió con desiguales resultados, como demuestra la infinitud de cables desclasificados por el Archivo de Seguridad Nacional, de la Universidad George Washington.
