El Gobierno ha informado este lunes del comienzo de los trabajos de preparación en el Valle de los Caídos para la exhumación de 77 personas cuyos restos reclaman sus familiares. El primero paso es instalar una “infraestructura técnica” para la organización de los equipos y en los siguientes días se delimitará la zona de intervención, que tendrá varias fases: en primer lugar se habililtará el acceso a los columbarios de las criptas, asegurando las estructuras arquitectónicas; posteriormente, los forenses intentarán localizar los restos de las personas reclamadas y realizarán los análisis genéticos para su identificación; finalmente, se mejorarán las condiciones de conservación de los columbarios, algunos muy dañados, lo que para el Ministerio de la Presidencia permitirá “la dignificación global de las criptas”.
En el mausoleo yacen, al menos, 33.833 personas (el equivalente a los habitantes de la ciudad de Teruel) y, entre ellos, centenares de republicanos que fueron trasladados de forma clandestina durante la dictadura franquista.
El pasado lunes falleció a los 97 años sin haber logrado ver el inicio de estos trabajos Manuel Lapeña, que reclamaba desde hace más de una década los restos de su padre y de su tío, enterrados sin consentimiento familiar en el Valle de los Caídos. Desde 2016 tenía una sentencia favorable a las exhumaciones, que se han demorado hasta ahora.
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El pasado marzo, tres meses después de aprobar definitivamente los Presupuestos, el Ejecutivo destinó una partida de 665.000 euros para intervenir en el Valle de los Caídos y poder devolver los restos a las familias que los reclaman. Para entonces, expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ya habían elaborado un concienzudo informe sobre el estado de las criptas. El forense Francisco Etxeberria, que ha analizado, entre otros, los restos de Pablo Neruda y Salvador Allende, dirigirá las exhumaciones. El proceso puede prolongarse durante meses y en él trabajarán equipos de entre 10 y 15 personas (antropólogos, forenses y personal de funeraria con formación en tanatología). Etxeberria explica que aprovecharán la intervención para adecentar el interior de las criptas, algunas de ellas muy dañadas por filtraciones de agua, y para garantizar su acceso —ahora están tapiadas—.
El Gobierno asegura que el proceso es “el más complejo de los que se han acometido en Columna Digital” y el secretario de Estado de memoria democrática, Fernando Martínez, advierte de que “más de 60 años después de los traslados al Valle de los Caídos, las dificultades técnicas son muy grandes, por lo que entrar en las criptas no garantiza necesariamente que se encuentre a las personas que se buscan”. No obstante, añade, se van a destinar “todos los medios y los mejores expertos para poder entregar a las familias a sus seres queridos siempre que sea posible”.
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En octubre de 2019, tras una larga batalla judicial con los herederos del dictador, el Gobierno trasladó los restos de Franco del mausoleo al cementerio de Mingorrubio, en El Pardo, como primer paso del proyecto de resignificación del Valle de los Caídos. El traslado alivió a los familiares de republicanos que consideraban un insulto que su ser querido estuviera enterrado “junto al verdugo”, pero no aplacó su deseo de recuperar los restos trasladados sin su consentimiento al mausoleo. Fausto Canales, que tiene a su padre y a su tío enterrados en el Valle de los Caídos, llevó su caso hasta el Tribunal de Estrasburgo en 2012. Al conocer, este lunes, que por fin se inician los trabajos de exhumación, Canales afirma que están “contentos y satisfechos, esperanzados y expectantes”.
