El problema enquistado del Consejo General del Poder Judicial español ha llegado hasta el corazón de la Unión Europea. Y el mensaje desde Bruselas es categórico: Gobierno y oposición han de ponerse manos a la obra y negociar la renovación del órgano de gobierno de los jueces para abandonar una situación de bloqueo “anómala” en el bloque comunitario y además hacerlo con un compromiso “claro” de reformar el sistema de selección de vocales para que “cumpla plenamente con los estándares del Consejo de Europa”.
“El requisito que pedimos es que haya una mayoría de vocales del Consejo que sean jueces elegidos por los jueces”, ha dicho el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, tras reunirse con las cuatro asociaciones de jueces españoles. En el sistema actual de elección del CGPJ, los vocales jueces son más de la mitad (12 de 20), pero no son elegidos directamente por los miembros de la carrera, sino seleccionados por el Congreso y el Senado a partir de una lista de candidatos propuestos por las asociaciones o por los propios interesados.
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Reynders ha comparecido a los pies del Berlaymont, sede del Ejecutivo comunitario, y en su intervención ha destacado que las asociaciones judiciales –la progresista Jueces y Juezas para la Democracia y las conservadoras Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente (FJI)– han llegado a su despacho con un discurso conciliador que hace entrever “un posible acuerdo” entre ellas “sobre el camino a seguir”, en palabras del comisario belga.
Lo importante ahora, ha advertido el comisario, es que esa actitud de buscar un acuerdo se traslade a los partidos políticos españoles. “Es muy importante salir de esta situación en la que hay un Consejo del Poder Judicial en funciones con limitación de poderes”, ha calificado Reynders después del encuentro. “Así que pedimos a todos los partidos políticos que intenten salir [del bloqueo] y encontrar un acuerdo con una mayoría cualificada”.
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El comisario ha urgido a que de forma “inmediata” se trate de organizar “la mejor renovación posible del Consejo con un claro compromiso de que en el futuro se cumpla plenamente con los estándares europeos”, vinculando así las dos exigencias que mantienen en vilo la pugna entre bloques políticos: mientras unos exigen una renovación urgente de un órgano caducado desde 2018, otros piden, como requisito previo, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para modificar el sistema de elección de los vocales del cupo judicial.
Aunque Reynders no ha querido pronunciarse de forma clara sobre el orden –”no quiero decir qué va antes, si el huevo o la gallina”, ha ironizado–, sí ha dejado entrever que las dos son inseparables y requerirán del acuerdo de la mayoría del arco parlamentario. “Cuando necesitas una mayoría cualificada no es fácil”, ha reconocido. “Pero si quieres proteger los valores y el Estado de derecho, necesitas tener un enfoque común con una gran parte del parlamento”.
El comisario no siente de momento “una preocupación real por la independencia de la justicia en España”; este caso no se parece al de Polonia, por ejemplo, país con el que Bruselas mantiene una agria batalla a cuenta de la injerencia política en la labor de los jueces. De hecho, hay otros países con situaciones similares a la de España, como Italia y Luxemburgo. “Se ha convertido en un problema la apariencia que se da a los ciudadanos”, ha dicho Reynders.
